Los letrados que representan a los padres acusados de haber mantenido recluidos durante años a sus hijos en un chalet de Fitoria manifestaron este martes su confianza en que “haya un procedimiento absolutorio” para sus defendidos, al considerar que “este asunto debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del derecho penal”.
El abogado de la madre, Javier Muñoz, subrayó ante los medios que “Es una situación muy compleja. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizás extravagante o heterodoxa, lo podemos llamar, pero desde luego no criminal”.
Los progenitores, C.S., de 54 años, y M.A.S., de 49, se sientan en el banquillo acusados de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. La Fiscalía solicita para ellos más de 25 años de cárcel. La vista oral comenzó a las 10.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, celebrándose a puerta cerrada.
Antes de iniciarse la sesión, tanto Muñoz como la abogada del padre, Elena González, explicaron que su línea de defensa “pasa por exponer un estudio detallado de las circunnstancias” y que “realmente confían en que va a haber un pronunciamiento absolutorio”.
Los letrados describen el caso como el de “una familia que decidió aislarse desde el mundo por las razones que se verán en el juicio” y recalcan que, a su juicio, el conflicto se tendría que haber abordado “desde el principio de una manera gradual a través de los servicios sociales, que son los que tendría que haber intervenido, no la policía, ni siquiera la justicia”.
Insisten en que “Eso es precisamente lo que se va a tratar de acreditar aquí en el juicio. Ellos --los padres-- no son los delincuentes”, defendiendo que la respuesta adecuada debió ser de carácter asistencial y no penal.
Los abogados indicaron que su pretensión es que, si el tribunal decide absolver a los acusados, “alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y volver a reunirse como una familia”. Recordaron que, en la actualidad, los menores se encuentran tutelados por la administración, aunque consideran que “ese sería el camino correcto en protección de los intereses de los niños y sacar esto de la vía penal”.
En esta primera jornada del juicio está previsto que las partes planteen las cuestiones previas. Las defensas avanzan que alegarán “alguna nulidad que entienden que concurre” y añaden: “Entendemos que ha habido alguna irregularidad procesal y eso también es nuestra obligación ponerle manifiesto, por ejemplo en las diligencias de entrada y registro que creemos no se practicaron conforme a ley”.
A lo largo del día también deben comparecer los policías locales y los guardias civiles que intervinieron en el caso, así como profesionales de los Servicios Sociales que participaron tras la denuncia.
Los hechos investigados
La causa se remonta a abril del año 2025, cuando una vecina alertó a las autoridades al sospechar que en el chalet podía haber menores viviendo en su interior. A raíz de esa denuncia se puso en marcha una investigación. El 28 de abril, los agentes accedieron a la vivienda y hallaron a los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Según las pesquisas, no habrían salido de la casa desde 2021.
Los funcionarios comprobaron que los menores, dos gemelos de ocho años y un tercero de diez, residían en un inmueble con graves deficiencias de salubridad. Los padres, él de nacionalidad alemana y ella de origen estadounidense, fueron arrestados y enviados a prisión provisional, mientras que los niños quedaron en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias.