Los dos progenitores procesados por un delito leve de coacciones, tras liderar varias protestas contra la “forma de impartir la asignatura” de matemáticas por parte de una docente y contra la “inacción” del equipo directivo del IES As Lagoas, en Ourense, han defendido que todas las decisiones se tomaron con “consenso” entre padres de distintos alumnos.
Así lo han expuesto en el juicio celebrado este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, donde la profesora denunciante ha asegurado que los acusados la “amenazaron” y “difamaron” por no aprobar a su hijo en la materia.
Los progenitores han reiterado que “en ningún caso” coaccionaron ni acosaron a la docente y han detallado que cerca de una veintena de familias del centro se organizaron en el movimiento ‘Derecho a Aprender Matemáticas’ para “denunciar” la situación que, a su juicio, se vivía en el aula.
La querellante, en cambio, sostiene que, a partir del suspenso del hijo de los denunciados, estos “organizaron unas maniobras de acoso y derribo” para “intentar apartarla” de la docencia, lanzando “difamaciones y acusaciones que no eran ciertas” ante la dirección del instituto.
Versión de los acusados
La mujer acusada ha explicado que todo se inició el 11 de diciembre de 2024, cuando la profesora añadió contenido “sin explicar y sin previo aviso” a un examen fijado para el día siguiente, lo que llevó a algunos alumnos a plantearse en un grupo de WhatsApp “dejar el examen en blanco”.
A partir de ahí, padres y estudiantes crearon un chat conjunto para compartir lo que estaba ocurriendo en la asignatura. En ese foro, los alumnos comentaban que “no hacían preguntas por miedo” y que la docente les habría dicho que “parecían retrasados” o que “se negaba a resolver dudas”.
Ante estas quejas, según su relato, familias y estudiantes solicitaron una reunión con el equipo directivo para exponer su malestar con la forma de enseñanza de la profesora.
Posteriormente, el 7 de febrero de 2025, los acusados recibieron una comunicación informando de que a su hijo se le había impuesto un parte disciplinario por mala conducta, lo que motivó una nueva visita al centro para entrevistarse con la dirección.
La acusada ha indicado que varios padres optaron por presentar una denuncia ante la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, manteniendo diversas reuniones con un inspector para trasladarle su versión.
En ese contexto, el 24 de febrero de ese mismo año, el grupo de padres realizó una pegada de carteles y esquelas en el entorno del instituto con mensajes como “Durante el curso 2024/2025 ha fallecido D. Derecho a Aprender Matemáticas -DEP-”.
Además, según la defensa, progenitores y alumnos organizaron concentraciones todos los miércoles durante el recreo ante la puerta principal del centro, iniciando la primera el día 26, y recibiendo incluso el respaldo de antiguos estudiantes, tal y como ha indicado la acusada.
Relato de la docente denunciante
La profesora ha explicado que, tras la primera reunión entre alumnos, padres y dirección, el equipo directivo se entrevistó con ella para exponerle las quejas, y que entonces manifestó que “iba a intentar cambiar ciertas cosas”.
Según su versión, la dirección comunicó a las familias y al alumnado que “todo era correcto”, algo con lo que estos “no estuvieron de acuerdo” y, a partir de ahí, “siguieron organizando situaciones de acoso”.
La docente ha añadido que, tras un nuevo suspenso del hijo de los acusados, estos acudieron otra vez al instituto “amenazando” y reclamando, entre otras cuestiones, que “querían ver los exámenes de su hijo hasta la fecha”.
“Yo me sentía amenazada y presionada”, ha declarado en la vista oral, detallando que los denunciados “publicaron insultos y difamaciones en redes” y que el instituto “apareció empapelado con esquelas de muerte a las matemáticas”, además de las manifestaciones organizadas.
Ante este panorama, ha lamentado que comenzó a sufrir “ataques de ansiedad” que la llevaron a pedir una baja laboral, al encontrarse en un “estado lamentable”, y finalmente abandonó la docencia por “estrés post-traumático”.
Testimonios del centro y de otras familias
En el juicio ha declarado también la directora del IES As Lagoas en el momento de los hechos, quien ha confirmado que “bastantes padres” asistieron a la primera reunión con el equipo directivo para trasladar sus quejas sobre la profesora.
Ha recordado que, tras el parte de incidencias al hijo de los acusados, ambos se presentaron en el instituto “uniformados” —al ser policías nacionales— para mantener otra reunión, en la que, según ha indicado, emplearon un “tono imperativo, ostigador y amenazante”.
Ante las denuncias elevadas a Educación, la directora elaboró un informe en el que señalaba a los progenitores por “atacar al centro y a la profesora” y por difundir el nombre de la docente en publicaciones en redes sociales, “aunque después se eliminaron”.
La responsable del centro ha incidido en que “sí que hubo una situación de hostigamiento” con el objetivo de que la profesora “dejase de dar clase”.
La tutora del hijo de los acusados ha declarado igualmente, indicando que “unos ocho padres solicitaron una tutoría” por los problemas con la asignatura de matemáticas y que “más del 50% de los padres estaban implicados” en las quejas.
Ha explicado que informó de la situación a la jefa de estudios y que estuvo presente en una de las concentraciones convocadas por el movimiento de padres y alumnos, a la que incluso “bajaron unos cuantos profesores”.
Otras dos madres de alumnos del centro han respaldado la versión de los acusados, remarcando que los actos públicos “se hablaron y decidieron entre todos” y que se eligió a la acusada como portavoz del colectivo.
Ambas han insistido en que el movimiento se desarrolló “de común acuerdo” porque “todos los padres eran competentes para tomar esa decisión” y que las acciones realizadas “fueron consensuadas por todos”.
Peticiones de condena y defensa
El abogado de la acusación ha reclamado una condena de 90 días de multa a razón de 10 euros diarios y una indemnización de 6.000 euros para la docente, argumentando que las respuestas de los acusados a la situación “consistieron solo en ataques al centro y a la docente”, y apoyándose en el informe “claro y contundente” emitido por la dirección del instituto.
La defensa, por su parte, ha pedido la libre absolución, subrayando que todos los progenitores “participaron de forma libre y voluntaria” en las movilizaciones y que “en ningún momento se ha acreditado” que los dos acusados “fueron los organizadores”.
El letrado defensor ha añadido que, aunque algunos actos puedan resultar “hirientes, jocosos o vejatorios”, esas conductas “están despenalizadas” y que “no hubo ni un solo contacto de los denunciados con la denunciante” de forma directa.