Once procesados han comparecido este lunes ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, señalados por un presunto delito de contrabando de embarcaciones prohibidas, al atribuírseles la construcción y comercialización de 'narcolanchas' desde Vigo y el norte de Portugal. Todos ellos han cuestionado que este órgano judicial sea el adecuado para enjuiciar los hechos y han puesto en duda la validez de las pruebas obtenidas mediante registros, escuchas telefónicas y balizamiento de las embarcaciones.
En la vista dedicada a las cuestiones previas, las defensas han solicitado la suspensión del juicio al entender que la Audiencia de Pontevedra carece de competencia, ya que las actuaciones investigadas se habrían desarrollado no solo en Vigo, sino también en diferentes puntos del norte de Portugal y en otras provincias españolas como Alicante, Barcelona, Tarragona, Toledo o Sevilla.
Los letrados han invocado el carácter transnacional del caso para sostener que debería ser un tribunal portugués quien asumiera el procedimiento, recordando que en ese país la fabricación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad está regulada y no constituye delito. De forma subsidiaria, han planteado que, si el proceso debe seguir en España, sea la Audiencia Nacional quien conozca de la causa.
Paralelamente, las defensas han reclamado la nulidad de buena parte de las diligencias, alegando que numerosas pruebas se habrían obtenido de forma irregular, al no estar debidamente fundamentados los autos que autorizaron los registros en naves industriales, el balizamiento de las lanchas y otras medidas de control y seguimiento.
En esa línea, varios abogados han denunciado que la instrucción se habría basado en una investigación meramente prospectiva, sin la existencia de indicios racionales de criminalidad en determinados momentos. Además, algunos han advertido de una situación de indefensión por no haber tenido acceso íntegro a toda la documentación obrante en la causa, y todos han trasladado quejas por la deficiente acústica de la sala, que, según han afirmado, les ha impedido comprender con claridad todas las intervenciones.
Debate sobre la competencia y el alcance de la trama
Frente a estas tesis, el Fiscal ha sostenido que la Audiencia de Pontevedra sí es competente, al tratarse de hechos cometidos en territorio español y articulados en torno a una nave situada en Vigo. Ha remarcado que los acusados tenían como propósito construir en Vigo (y, en ocasiones, finalizar en Portugal) estas embarcaciones, para entregarlas a clientes en España con destino a su uso en las costas españolas.
Según ha subrayado el representante del Ministerio Público, “La estructura criminal bace en Vigo, aunque luego se expanda y se desarrollo en otros puntos de España”, insistiendo en que “las embarcaciones solo tenían un uso posible”, vinculado a actividades de narcotráfico. Por ello, ha defendido la legalidad de los registros, seguimientos y demás actuaciones de la Guardia Civil, que, ha asegurado, contaba con “indicios” sólidos sobre la posible actividad delictiva.
La Audiencia ha señalado el 16 de febrero como fecha de inicio del juicio oral y como momento en el que se comunicará la resolución sobre las cuestiones previas planteadas. Las sesiones arrancarán con la declaración de los testigos, después de que el tribunal haya aceptado que los acusados presten declaración al término del resto de intervenciones.
Estructura organizada y peticiones de pena
La Fiscalía sostiene que los once procesados, junto con una empresa de transportes de O Porriño, integraban una estructura “empresarial, personal y material” dedicada, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, a la fabricación de lanchas semirrígidas de alta velocidad, consideradas género prohibido y destinadas a operaciones de narcotráfico.
En consecuencia, les imputa delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos mediante la intervención de personas, entidades y organizaciones. A uno de los acusados se le atribuye además un delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la salud pública, después de que en el registro de su vivienda se hallaran cerca de 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.
Durante la investigación se detectó la construcción de al menos 19 'narcolanchas', algunas de las cuales se comprobó que participaron en alijos de hachís en el sur de la Península. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para los acusados penas de entre 2 y 9 años de prisión, así como multas que superan en conjunto los 80 millones de euros.
Para la mercantil encausada, la petición incluye una multa de 14 millones de euros, dos años de prohibición para recibir ayudas o subvenciones públicas o beneficiarse de incentivos fiscales, y un año y tres meses de suspensión de sus actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.