Las asociaciones Acogen, Cogen España y ADAP han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 917/2025, que modifica el Real Decreto 413/2014, al entender que mantiene un régimen de prioridad de despacho de la electricidad contrario al reglamento comunitario.
La prioridad de despacho fija el orden en el que las distintas instalaciones pueden inyectar energía en la red eléctrica. En la regulación española actual, primero se sitúan las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.), a continuación la cogeneración y, después, el resto de tecnologías.
Las organizaciones firmantes reclaman que no exista prioridad de despacho para las instalaciones renovables y de cogeneración que hayan entrado en servicio después del 4 de julio de 2019 y que se asegure la igualdad de trato entre renovables y cogeneración en las plantas anteriores a esa fecha, en línea con lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/943.
Denuncian que en torno a 50.000 MW de potencia renovable instalada, cerca de la mitad del parque actual, disfrutan en la práctica de una prioridad de despacho que, a su juicio, no se ajusta al derecho europeo.
Según explican, este trato preferente condiciona la explotación del sistema eléctrico y obliga a detener con cada vez mayor frecuencia las plantas de cogeneración en episodios de alta generación renovable, con un efecto directo sobre la producción, la competitividad y la seguridad de industrias químicas, refinerías, papeleras, alimentarias, cerámicas, agrícolas o de tratamiento de residuos.
Riesgos para la industria y el suministro
Los cogeneradores señalan que la decisión de mantener sin cambios desde 2020 la prioridad de despacho renovable como uno de los pilares del sistema eléctrico, pese a la nueva normativa europea, recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Avisan de que esta situación ya está teniendo "graves consecuencias" sobre la seguridad de suministro, la competitividad de la industria y el desarrollo sostenible del sistema, en un escenario de fuerte crecimiento renovable y de vertidos crecientes de electricidad por falta de demanda y saturación de las redes.
El sector destaca que la potencia renovable instalada en España ha pasado de 53.200 megavatios (MW) a finales de 2019 a unos 101.000 MW en 2025, lo que representa el 68% de los 148.000 MW del parque total, frente a un consumo medio de 29.000 MW y puntas de 40.000 MW.
El PNIEC 2023-2030 contempla elevar la potencia renovable hasta 160.000 MW de un total de 214.000 MW en 2030, una meta que, según los cogeneradores, exigiría incrementar en más de un 40% la demanda eléctrica actual en apenas cinco años.
Javier Rodríguez, director general de Acogen, sostiene que "mantener la producción industrial de España y promover el funcionamiento eficiente, seguro y competitivo de las industrias" debería ser "como mínimo, igual de esencial que producir electricidad con fuentes renovables", y considera la adecuación de la prioridad de despacho "un punto imprescindible" para iniciar las reformas necesarias.
Las asociaciones recuerdan que la cogeneración, responsable del 6% de la electricidad del país y presente en unas 600 fábricas calorintensivas, es una tecnología eficiente y gestionable que aporta energía firme y síncrona, pero que se ha visto abocada a parar el equivalente a dos centrales nucleares en los últimos cinco años por la ausencia de un marco de inversión vía subastas y por los actuales desequilibrios del sistema.