La coordinadora de litigios de Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, Sònia Olivella, ha avanzado que presentarán un recurso ante el juzgado que lleve la instrucción del caso de torturas durante el franquismo en la comisaría de Via Laietana de Barcelona contra la activista Blanca Serra, después de que la Fiscalía haya reclamado el archivo de la causa al considerar que no se ha podido identificar a los responsables.
En una comparecencia ante los medios este jueves, Olivella ha expresado su malestar porque, pese a que la fiscal ha recopilado numerosas diligencias policiales sobre las detenciones de Blanca y su hermana Eva, así como sobre las entradas y registros de las dos primeras detenciones y las declaraciones mientras permanecieron en dependencias policiales, finalmente haya optado por pedir al juez el sobreseimiento del procedimiento.
En el escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público admite que agentes de la denominada Brigada Político Social arrestaron a la denunciante y a su hermana exclusivamente por su actividad política contraria a la dictadura, y que les aplicaron violencia física y psicológica para obtener información y forzar una confesión, provocándoles secuelas traumáticas.
Documentación "bastante detallados" y falta de identificación
Olivella ha subrayado que se trata de documentos "bastante detallados" y que las diligencias constan firmadas con nombres y apellidos de los policías implicados, aunque ha lamentado que a determinados expedientes no se haya podido acceder, bien porque han sido destruidos o porque no se han entregado a la fiscal instructora.
“En toda esta documentación hay mucha información sobre los autores, sobre los agentes y las estructuras de las comisarías. Nos sorprende que se pida el archivo al juzgado por falta de autor conocido cuando no se ha hecho ninguna diligencia para identificarlos”, ha señalado, remarcando que se podrían haber impulsado más actuaciones y criticando la ausencia de voluntad política.
En esta línea, ha criticado que, con todo el material recabado por la fiscal, se concluya en el archivo del caso, y ha recordado que un órgano como la Fiscalía de Memoria Democrática, creado para "romper el sistema español de impunidad", se quede corto frente a la impunidad con la que se ha actuado hasta la fecha.
Revisión de los documentos y próximos pasos
Tras conocer la decisión, Olivella ha puesto en valor el trabajo de la fiscal con Blanca al explicarle con detalle el desarrollo de la investigación y el contenido del decreto, de manera que el siguiente paso será analizar toda la documentación reunida y revisarla junto a la activista para decidir la estrategia a seguir.
Respecto a Serra, que finalmente no ha comparecido ante la prensa por motivos de salud, Olivella ha relatado que ha sido muy impactante revisar los expedientes en los que aparecen personas que también fueron detenidas o formaron parte de los movimientos sociales de la época y que ya han fallecido.
Pese a ello, la coordinadora de litigios ha asegurado que la activista mantendrá su compromiso: "Ella tiene muy claro que lo que se tiene que pedir es justicia y reparación. Una justicia que incluya poner nombres y apellidos a los autores".
Primera resolución judicial que reconoce torturas en Via Laietana
Olivella ha valorado que, pese a la petición de archivo de la fiscal, se trata de la primera ocasión en que existe una resolución judicial que admite la existencia de torturas en Via Laietana durante el franquismo y la transición: "Es un hecho absolutamente histórico", ha remarcado, destacando también el carácter pionero de la investigación por haber tomado declaración formal a la víctima.
Al mismo tiempo, ha incidido en las trabas que incluso la propia fiscal ha encontrado para consultar estos documentos, lo que, según ha denunciado, evidencia que las víctimas no podrán acceder nunca a sus archivos personales si no es en el marco de una causa penal. Ha recordado además que, por ahora, estas investigaciones solo las impulsa la Fiscalía porque los juzgados proceden al archivo de manera sistemática.
Via Laietana como espacio de memoria democrática
Por otro lado, la comisionada internacional y legal de Òmnium Cultural, Elena Jiménez, ha mostrado también su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía: "Porque esta Fiscalía que la Ley de Memoria había hecho nacer para proteger los derechos de las víctimas y ponerse a su lado, ahora vuelve a demostrarnos que en el Estado español luchar contra los crímenes del franquismo tiene unos límites muy claros", ha manifestado.
Finalmente, ha denunciado que, para identificar a los "perpetradores de las torturas", resulta imprescindible acceder a los archivos históricos, pero ha considerado incoherente que sigan bajo custodia policial, por lo que ha reclamado que la Jefatura Provincial de Via Laietana se transforme en un espacio de memoria democrática sin presencia de cuerpos policiales.