La comunidad de propietarios del bloque calcinado en febrero de 2024 en el barrio valenciano de Campanar ha solicitado la reapertura de la causa judicial, apoyándose en un nuevo informe pericial encargado por su defensa que pone en entredicho la validez de la documentación utilizada para justificar la reacción al fuego del material empleado en la fachada.
Según detalla en un comunicado el despacho Togas&Tributos Abogados, representante de los vecinos propietarios, el informe pericial “cuestiona la validez de las pruebas utilizadas en su momento” y pone de manifiesto “fallos graves” en la instrucción del incendio del edificio de la calle Poeta Rafael Alberti, 2, siniestro en el que murieron 10 personas y 138 familias perdieron su vivienda.
El abogado de la comunidad, Guillermo Aragó, junto con la representación legal de las víctimas mortales, ha formalizado un escrito pidiendo la reapertura de las diligencias a partir de este dictamen técnico y al entender que el auto de sobreseimiento se sustentó en una “normativa incorrecta” y en una “clasificación errónea” del material de la fachada.
De acuerdo con esta parte, el peritaje sostiene que la documentación que supuestamente acreditaba la seguridad contra incendios “carece de validez legal y estaba caducada” y que el material de fachada “pudo ser determinante en la rápida propagación del incendio y en la gravedad de sus consecuencias”.
En su escrito, Aragó denuncia “errores técnicos y legales en el momento de la investigación”, ya que la norma aplicada para acordar el archivo provisional “no era la vigente”, resultaba incorrecta y generó una “apariencia de cumplimiento legal que no se corresponde con la realidad de los hechos”, lo que “pone en duda el archivo provisional de la causa”, según se recoge en el informe pericial.
El letrado afirma que la regulación utilizada durante la instrucción no se correspondía con la que estaba en vigor cuando se concedió la licencia de obras, “ya que debía haberse aplicado el Real Decreto 312/2005 en lugar de la anterior”.
El dictamen técnico vuelve a incidir en que la documentación aportada para justificar la reacción al fuego del sistema de fachada no superaría los requisitos legales. En concreto, indica que, según el informe citado por el despacho, “no solo no puede considerarse un certificado con validez legal, sino que además se encontraba caducado, sin que exista constancia de ensayos posteriores que acrediten el cumplimiento de la normativa aplicable en el momento del suministro e instalación”.
“Dudas de la trazabilidad” del material de fachada
Otro de los elementos que este informe considera “relevantes” es la “discrepancia” detectada entre el producto que, según la documentación, habría sido suministrado y el que se analizó tras el fuego, lo que introduce “dudas sobre su trazabilidad y características reales”. “Esta incertidumbre afecta directamente a la evaluación del comportamiento frente al fuego del sistema de fachada”, subraya.
El peritaje también remarca que la reacción al fuego del revestimiento exterior fue un factor “determinante” en el desarrollo del incendio, “favoreciendo su rápida propagación y la emisión de humos densos y tóxicos que comprometieron gravemente las condiciones de evacuación y la intervención de los servicios de emergencia”.
Desde la óptica jurídica, Aragó recuerda que el sobreseimiento provisional “no pone fin al procedimiento de forma definitiva y que debe ser revisado cuando aparecen nuevos elementos relevantes”. A su juicio, este nuevo informe pericial “aporta datos técnicos no valorados previamente y evidencia errores estructurales en la base de la resolución judicial”.
Por todo ello, la acusación solicita reabrir las diligencias para practicar nuevas pruebas que permitan aclarar lo sucedido “con rigor”, entre ellas la ratificación en sede judicial del informe pericial, la aportación de la documentación original y la realización de nuevos análisis técnicos independientes.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia había confirmado el pasado mes de julio el auto de archivo provisional de las diligencias previas abiertas para investigar el incendio, al considerar acreditado que el origen fue accidental, por un fallo en la parte trasera de un frigorífico en una vivienda, y que durante la instrucción se emplearon “cuantas herramientas de investigación se han presentado como racionalmente posibles, necesarias, suficientes y adecuadas”.