Los notarios han advertido este viernes del “impacto negativo” que podría acarrear la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales. Cuestionan “si es el camino correcto” y dudan de su eficacia para combatir la opacidad, al tiempo que censuran que la modificación puede elevar los costes, multiplicar los trámites y derivar en “un galimatías insuperable”.
Estas críticas han sido planteadas por notarios y catedráticos de Derecho mercantil y civil en la jornada “La sociedad de responsabilidad limitada ante un peculiar intento de reforma”, organizada por el Consejo General del Notariado y la Fundación Notariado, en la que se ha examinado el alcance del cambio previsto en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública sobre el régimen de transmisión de participaciones sociales.
“Debemos preguntarnos si es el camino correcto, si las medidas son eficaces y si estamos comprometiendo el dinamismo y la seguridad de nuestros mercados”, ha señalado la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo.
Aunque el propósito declarado es “acabar con la opacidad, con base en el documento privado”, ha advertido de que “el corrupto seguirá utilizando el documento privado, que guardará en un cajón a la espera de su inscripción en el registro cuando considere”.
El anteproyecto plantea sustituir el modelo actual de transmisión de participaciones, sustentado en la escritura pública, por un sistema en el que la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil se base en el documento privado de compraventa.
Sin embargo, según las entidades convocantes, este giro normativo “supondría la eliminación del control de legalidad previo” y repercutiría de forma directa “a la seguridad jurídica preventiva, a la identificación de los intervinientes y al sistema de prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal”.
“Podría generar un 'mercado B' de participaciones, un tráfico descontrolado. En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura”, ha subrayado el catedrático de Derecho civil Lorenzo Prats.
En la misma línea, el notario Ignacio Paz-Ares sostiene que “este anteproyecto da una respuesta desproporcionada que aumenta costes, dilata efectos y reduce el control en el momento que se produce la transacción”.
También el catedrático de Derecho Mercantil José Miguel Embid ha mostrado su rechazo, al considerar que “el reglamentismo extremo de la regulación que se pretende establecer complicará la vida a las sociedades limitadas, con incremento de costes, trámites, etc.”.
“Este proyecto de ley no sirve, no dice la verdad, arroja problemas sobre los operadores jurídicos y puede convertir la SRL en un galimatías insuperable”, concluye.