La Comunidad de Madrid ha presentado una impugnación ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto emitido por el Gobierno de España el 22 de julio, el cual establece la distribución ‘forzoso y opaco’ de menores no acompañados provenientes de Canarias hacia diferentes comunidades autónomas.
Los servicios jurídicos de la región madrileña han interpuesto el recurso contra el Real Decreto 658/2025, que gestiona la reubicación de estos jóvenes en contextos de alta presión migratoria. Argumentan que este decreto ‘vulnera competencias autonómicas’, según informaron fuentes de la región a Europa Press.
Este recurso sigue al ya presentado contra el Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo, que fue impugnado por 11 jurisdicciones autonómicas, incluida Madrid, por ‘invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia y por utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas’.
Además, Madrid ha solicitado al gobierno central la entrega inmediata de la información que fundamenta la asignación de menores no acompañados entre las comunidades, excluyendo al País Vasco y Cataluña, calificando el proceso de ‘arbitrario, opaco y discriminatorio, y diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central’.
Entre los documentos exigidos se encuentran los detalles del RMENA actualizados por comunidad desde 2023, criterios utilizados para el reparto, la fórmula de ponderación de esos criterios y las razones técnico-jurídicas de asignar 647 menores a Madrid y ninguno a Cataluña o País Vasco. También se ha requerido acceso a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y todos los informes relevantes emitidos durante el proceso del Real Decreto 658/2025.