Una magistrada encargada de examinar la gestión de la devastadora dana del 29 de octubre, con un saldo de 228 muertes y extensos daños materiales, ha puesto en duda el reciente informe de la Guardia Civil aportado al caso, calificándolo de «erróneo» e «incompleto». A su vez, rechazó la idea de que hubiese un «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según una resolución emitida por la jueza de la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, se ha rechazado la solicitud de la acusación popular, representada por Liberum, para investigar al presidente de la CHJ.
La acusación, que también representa a una de las víctimas, había solicitado que el líder del organismo de cuenca fuese interrogado como investigado tras la presentación del último informe de la Guardia Civil a la jueza.
No obstante, la jueza desestimó esta petición y criticó el informe de la Guardia Civil por considerar que era «erróneo en sus consideraciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes» en el evento del 29 de octubre. La magistrada señaló que el informe fue interpretado por Liberum «de forma sui generis», destacando que aunque realiza una «extensa y minuciosa» recopilación de datos y comunicaciones, debía centrarse solo en crear una cronología.
El informe «no se corresponde con lo acordado» por la jueza, quien había pedido específicamente una cronología de los desbordamientos y su vínculo con las muertes, sin buscar un análisis de las acciones de los involucrados. La jueza enfatizó que el análisis de negligencias y errores «es exclusivamente jurisdiccional» y que las valoraciones incluidas en el informe no tienen poder incriminatorio ni exculpatorio.
Además, la jueza apuntó que el informe de la Guardia Civil aborda temas ya resueltos por el Juzgado y la Audiencia Provincial de Valencia. «Se han efectuado ya conocidos pronunciamientos sobre la participación e, incluso, responsabilidad penal de la CHJ», sostuvo.
En relación con el llamado «apagón informativo», la jueza aclaró que el único apagón que ocurrió fue descrito en el Cecopi como un periodo de trabajo exclusivamente presencial, sucedido en dos momentos clave, y que este aspecto no fue analizado en sus repercusiones por el informe de la Guardia Civil.