Magistrada requiere datos de víctimas y protocolos tras tragedia en la dana

La jueza de Catarroja investiga la gestión de la dana y solicita urgentemente datos de las 37 víctimas fallecidas y los protocolos empleados.

Archivo - Dos personas limpiando el interior de una casa, a 2 de noviembre de 2024, en Alfafar, Valencia, Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Una magistrada de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana, ha exigido a la Vicepresidencia Primera del Consell y a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que proporcionen, en un plazo de tres días, los detalles de las 37 víctimas del servicio de teleasistencia, incluyendo su ubicación y los datos personales necesarios para identificarlas completamente. Esta solicitud también se ha extendido a la Diputación y al Ayuntamiento de València para que suministren la información pertinente de sus respectivas áreas.

Además, la jueza ha pedido los expedientes de licitación del servicio de teleasistencia, que incluyen el pliego de condiciones y el contrato firmado para su implementación; los protocolos de actuación de cada administración y la empresa proveedora del servicio en casos de catástrofes naturales, así como una copia de las órdenes escritas enviadas a la empresa el 28 y 29 de octubre para la adopción de medidas preventivas.

Asimismo, ha requerido a la empresa proveedora del servicio de teleasistencia copias de los mensajes de precaución y alertas enviados a los usuarios, con documentos que acrediten dichas comunicaciones.

CONSULTA A AEMET

La jueza también ha solicitado a la Conselleria dirigida por Susana Camarero un informe detallado sobre la consulta realizada a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras la elevación del nivel de alerta a rojo el día de la dana. De Aemet, se requiere un informe sobre las consultas realizadas por la Vicepresidencia Primera del Consell y la Conselleria de Servicios Sociales el 28 y 29 de octubre, detallando, si es posible, quiénes realizaron y respondieron a dichas consultas.

En relación a las grabaciones de las comunicaciones con las 37 víctimas, la jueza ha indicado que su entrega debe cumplir con el principio de consentimiento de los intervinientes, y en el caso de las grabaciones de las conversaciones telefónicas, solo procederán si se identifican las personas de la Conselleria que hicieron las consultas y se obtiene el consentimiento de alguno de los intervinientes en el proceso.

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