Magistrada de Valencia señala discrepancias significativas en alertas de emergencia entre niveles de gobierno

Archivo - Los campos agrícolas de Utiel tras el paso de la DANA (archivo)Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Una magistrada de Catarroja, Valencia, encargada de investigar la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que resultó en 228 fallecimientos, ha señalado una ‘diferencia radical entre la administración local y la autonómica en la emisión de alertas a la población y la implementación de medidas de autoprotección’. Esta observación se encuentra en una de las dos resoluciones emitidas por la jueza, las cuales fueron proporcionadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En el primer auto, la jueza rechazó el recurso de reforma contra su decisión previa de no investigar al alcalde de Utiel, destacando que ‘el objeto de este procedimiento se centra en el aviso tardío a la población, pese a la existencia de información suficiente por quienes en el ámbito autonómico poseían la competencia en materia de protección civil’. Además, argumentó que ‘Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población, la adopción de medidas de autoprotección. Dicha diferencia radica en el manejo de información, y el presumible, aunque desgraciadamente inexistente, conocimiento de las medidas a adoptar ante una situación de emergencia como elemento que permitiría tomar dichas medidas’.

Además, la jueza criticó el ‘análisis fragmentario’ de la información por parte de las autoridades locales y señaló que a la fecha de los hechos, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos investigados, tenían competencias directivas en el plan de emergencias. Explicó que el alcalde de Utiel tomó medidas de protección anticipadas, como el cierre de centros escolares, superiores a las recomendaciones emitidas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

En otro fallo, la jueza desestimó un recurso que buscaba vincular los fallecimientos ocurridos en el barranco del Poyo con la presa de Forata, reafirmando que no hubo desbordamiento ni rotura y que las acusaciones no aportaban datos concretos, calificando las afirmaciones de ‘auténtico bulo’.

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