El magistrado Juan Carlos Peinado ha comunicado a Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha decidido modificar las diligencias previas de investigación. Esta modificación implica que, en caso de ser procesados por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionados con la contratación de la asistente de la Presidencia, serían juzgados por un jurado popular.
Según un documento judicial al que ha accedido Europa Press, Peinado ha citado a los tres implicados para presentarse en el juzgado este sábado a las 18:00 horas, para una «comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado».
Indicios de malversación según el juez
Peinado, en su resolución, ha expresado que «se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos».
El juez también ha hecho referencia a la «cristalización progresiva» del objeto del proceso, destacando la importancia de los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, y un email fechado en febrero de 2024 en el que Álvarez contactaba con una entidad colaboradora. La Audiencia Provincial de Madrid, en un fallo reciente, ha mencionado que la relación previa de amistad entre Gómez y Álvarez, y las «actividades privadas» de la asesora, podrían indicar una desviación de recursos públicos hacia intereses privados.
En relación con los delitos que se investigan, además de la malversación, se incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca, siendo Gómez centro de varias líneas de investigación que aún están pendientes de resolución por parte de la Audiencia de Madrid.