El magistrado Juan Carlos Peinado ha requerido al anterior vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que entregue en un periodo de 10 días todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.
Así se especifica en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dentro del proceso investigativo que lidera contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuestos crímenes de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
Esta diligencia se sitúa dentro del segmento de la investigación que analiza si hubo un desvío de fondos públicos en la contratación de Álvarez como asesora en Moncloa y si ella ejerció funciones privadas para Gómez.
Este miércoles, la esposa del líder del Ejecutivo ha descrito las tareas que realiza su asesora, desde gestionar su agenda hasta acompañarla en actos oficiales, y mencionó que ésta le hizo algún favor en ocasiones muy excepcionales, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Complutense. Álvarez, por su lado, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Peinado ha solicitado los correos a la Complutense a instancias de las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír, que pedían los más de cien correos electrónicos a los que el exalto cargo de la UCM aludió en su testimonio como testigo en sede judicial.
Las acusaciones también pidieron al juez que citara a Blanca de Juan, excoordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez, y a José María Torres, presidente de Conpymes y financiador de la mencionada cátedra. El instructor, sin embargo, ha rechazado programar estas declaraciones en este momento procesal.
En otra providencia a la que también se ha accedido, se menciona que el juez ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los documentos que presentó la Complutense sobre los convenios de fundación de las cátedras extraordinarias creadas en la universidad, así como la documentación que aportaron varias empresas -como Google o Telefónica–, para su análisis.