Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, ha decidido que el Congreso determine los «efectos» que la prisión provisional de José Luis Ábalos, exministro y diputado del Grupo Mixto, pueda generar tras ser acordada en relación con el ‘caso Koldo’. Esta resolución fue comunicada el jueves a Francina Armengol, presidenta del Congreso, conforme a la normativa vigente.
Además, el juez ha enviado a la Cámara Baja el documento en el que se propuso procesar a Ábalos por supuestas anomalías en la asignación de contratos de mascarillas durante el brote sanitario. Puente ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del político, ante un posible riesgo «extremo» de fuga, dado que el juicio está próximo y Ábalos enfrenta una petición de hasta 30 años de cárcel.
Según fuentes judiciales, el diputado ha sido trasladado en furgón policial desde el Supremo hasta la prisión de Soto del Real en Madrid. Con esta medida, Ábalos se convierte en el primer diputado en activo que ingresa en prisión. El magistrado ha recalcado que cualquier impacto de esta medida sobre su función parlamentaria deberá ser evaluado por el Congreso, según su Reglamento interno.
En cuanto a la defensa de Ábalos, que arguye el derecho político de representación de sus votantes, Puente ha mencionado que la medida adoptada no infringe este derecho fundamental, a menos que se interpretase de modo excesivamente restrictivo.
FISCALÍA Y ACUSACIONES POPULARES SOLICITARON LA PRISIÓN
Tras revisar las medidas cautelares existentes, el juez accedió a las solicitudes del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de acusaciones populares lideradas por el PP, quienes argumentaron un incremento en el riesgo de fuga al enfrentarse Ábalos a una larga condena potencial. Ábalos, por su parte, aseguró al juez durante la audiencia que no tenía intención de fugarse, afirmando: «No tengo dinero ni a dónde ir», mientras esperaba la decisión del tribunal, visiblemente afectado y fumando nerviosamente.