Andrés Palomo, magistrado del Tribunal Supremo (TS), expresó una opinión disidente respecto a sus colegas Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres. Mediante un voto particular, Palomo argumentó que la «relativa coincidencia cronológica» es «harto insuficiente» para proceder legalmente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, implicado en una supuesta filtración que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de Apelación, integrada por los mencionados magistrados, descartó los recursos de García Ortiz y la Fiscalía que buscaban evitar su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos hacia González Amador, acercándolo al juicio.
Contrariamente, se revocó la acusación contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que su conducta durante los días críticos, del 7 al 14 de marzo de 2024, solo cumplía órdenes superiores, sin indicios de criminalidad.
Palomo respaldó la absolución de Rodríguez, decisión tomada por unanimidad, pero no coincidió con la confirmación del procesamiento de García Ortiz, quien, según sus colegas, «impulsó y coordinó personalmente» la filtración en cuestión. Dicha filtración implicaría el correo del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de González Amador propuso admitir delitos fiscales a cambio de un acuerdo, y la posterior nota de prensa del 14 de marzo que detallaba estas negociaciones.
Según Palomo, no se justifica suficientemente que García Ortiz fuera el responsable de divulgar el contenido del correo ni a la prensa ni a la Presidencia del Gobierno. Destaca que la sincronización de los hechos, desde la recepción del correo a su difusión, es insuficiente para imputar al fiscal general. En su opinión, se necesitan pruebas más sólidas y un nivel de sospecha al menos igual o mayor que cualquier otra teoría propuesta.