Las agrupaciones de magistrados y fiscales que participaron en la huelga del 1 al 3 de julio contra los cambios propuestos por el Gobierno en el acceso a sus respectivas profesiones y en la Fiscalía, con la excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han recordado que es obligación del Ministerio de Justicia deducirles el sueldo por los días no laborados, argumentando que omitir esta acción se traduce en un burdo ejercicio de propaganda y manipulación.
En una nota divulgada por Europa Press, entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respondieron a las cifras del Ministerio, que indicaban que solo un juez y 28 fiscales habían notificado formalmente su participación en la huelga, renunciando a su remuneración.
Estos profesionales de la justicia expresaron que el Ministerio no ha realizado la detracción correspondiente a los días no trabajados, pese a tener la obligación legal de hacerlo, siendo esta una omisión significativa. Recordaron que en la huelga previa de 2018, los descuentos se aplicaron automáticamente y sin reclamaciones, conforme a la normativa vigente.
Calificaron como inaceptable que el Ministerio no haya procedido de la misma manera en esta ocasión, resaltando que los trabajadores en huelga no pueden auto-deducirse el salario. Adicionalmente, criticaron que el Ministerio utilice su incumplimiento y el hecho de que algún juez y fiscal pidiera expresamente la deducción para proyectar públicamente un seguimiento casi nulo de la huelga, lo cual contradice tanto los registros de las asociaciones como los datos previamente comunicados por el propio Ministerio basados en las actividades suspendidas.
BUSCANDO UNA FALSA IMPRESIÓN
Destacaron que la detracción salarial es una consecuencia legal del derecho a huelga y que ignorar esta obligación no solo crea una impresión errónea de que la huelga no tuvo impacto económico, sino que también invisibiliza su movilización. Afirmaron que seguirán haciendo uso de su derecho constitucional a la huelga cuando sea necesario y que este no debe ser menoscabado por decisiones políticas o administrativas.
Además, advirtieron que la falta de acción del Ministerio podría tener implicaciones legales, incluyendo posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos. Subrayaron que es esencial que la ciudadanía comprenda que su protesta es legítima y conlleva un coste económico directo para quienes la ejercen. Finalmente, urgieron al Ministerio de Justicia a que rectifique de inmediato, cumpla con sus obligaciones legales y respete los derechos que la Constitución garantiza a todos los trabajadores, incluidos jueces, magistrados y fiscales.