Exceptuando a los grupos progresistas, todas las asociaciones de jueces y fiscales han llamado a una huelga de tres días — 1, 2 y 3 de julio– en protesta contra las reformas propuestas por el Gobierno. Estas reformas afectan el acceso a las carreras judicial y fiscal, y según las asociaciones, comprometen la independencia de la justicia y por consiguiente, al Estado de Derecho. A pesar de las críticas, el ministro Félix Bolaños ha reafirmado que estas modificaciones son «imprescindibles» para modernizar el sistema judicial.
Las entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) inicialmente iniciaron con un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración frente al Tribunal Supremo. El 17 de junio, anunciaron oficialmente la huelga, la cual podría haberse evitado si el Gobierno retiraba las reformas, propuesta rechazada por el Ministerio de Justicia tras una reunión el 4 de junio con el secretario de Estado, Manuel Olmedo.
En una carta, Bolaños explicó a las asociaciones que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y actualizaciones necesarias de «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX». Además, instó a las asociaciones a «participar y colaborar en este proceso activamente».
Representantes de las asociaciones se reunieron con diputados del grupo socialista, quienes propusieron «mejorar» el texto de las reformas durante el trámite parlamentario, aunque las asociaciones lo vieron como un gesto insuficiente.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las asociaciones han señalado que las reformas podrían deteriorar la independencia judicial, destacando el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y la reducción en la excelencia de conocimientos requeridos para acceder a estas carreras. En cuanto a la reforma de la Fiscalía, advierten que podría incrementar las competencias del fiscal general del Estado, quien seguiría siendo nombrado por el Gobierno sin filtros adecuados.
Por su parte, Bolaños ha descartado los temores de las asociaciones como «infundados» y recordó que otras reformas importantes en la historia democrática de la justicia también fueron inicialmente recibidas con escepticismo, y ahora son ampliamente aceptadas.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
La huelga también ha generado discrepancias internas. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) decidieron no participar. Además, el sector progresista del CGPJ sostiene que los jueces, como miembros de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a huelga. Un Pleno extraordinario del CGPJ concluyó que los jueces no tienen soporte normativo para ejercer el derecho a huelga, y por ende, no se establecerán servicios mínimos, aunque no se contemplan sanciones para los participantes.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó que el Ministerio Público tampoco puede establecer servicios mínimos, pero instó a garantizar las actuaciones esenciales para proteger los derechos de los ciudadanos.
NO DESCARTAN MÁS MEDIDAS
Las asociaciones han reafirmado que el derecho a huelga es fundamental y han establecido servicios mínimos por parte del Comité de Huelga para asegurar servicios esenciales. A pesar de la ausencia de efectos económicos directos, reconocen que la huelga implicará una pérdida salarial. Justicia ha pedido al CGPJ que retenga el salario de los huelguistas, continuando con prácticas similares a las usadas en huelgas anteriores.
Una vez terminada la huelga, las asociaciones evaluarán la situación para determinar los pasos a seguir, teniendo en cuenta el apoyo recibido y el estado de las reformas en el parlamento.