El próximo sábado a las 12.30 horas, diversas asociaciones de jueces y fiscales, con la excepción de las de tendencia progresista, se congregarán frente al Tribunal Supremo para expresar su oposición a las reformas promovidas por el Gobierno. Estas reformas buscan alterar el proceso de ingreso a estas profesiones y adecuar la Fiscalía a un inminente cambio que otorgará a los fiscales la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones penales.
El 17 de junio, entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hicieron pública la convocatoria a esta concentración como preludio a la huelga planeada para los días 1, 2 y 3 de julio.
Estas asociaciones reafirmaron su postura el 11 de junio, cuando realizaron una pausa de 10 minutos frente a las sedes judiciales de todo el país para exigir la revocación de las reformas propuestas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras este acto, se llevó a cabo una consulta interna donde más del 80% de los miembros se mostraron a favor de proceder con la huelga anunciada.
En un comunicado, las asociaciones destacaron que eligieron el Tribunal Supremo por ser un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional». Enfatizaron que su protesta no es contra ningún poder del Estado, sino una «manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial».
«Sin Estado de Derecho no hay democracia» será el lema bajo el cual se reunirán jueces y fiscales. Según el manifiesto del 11 de junio, la independencia judicial, esencial para una democracia real, está «bajo amenaza» debido a las recientes iniciativas legislativas. Específicamente, critican el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de ley que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Las asociaciones han argumentado que estas reformas, pese a ser «tramitadas injustificadamente por vía de urgencia», no responden a una demanda social y han sido objeto de críticas severas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, han expresado preocupación por el aumento de poder del fiscal general del Estado, lo cual podría incrementar el riesgo de interferencias políticas en investigaciones de corrupción, contraviniendo estándares europeos.
El ministro Félix Bolaños ha calificado de «infundados» los temores expresados por las asociaciones, defendiendo las reformas como necesarias para modernizar la justicia. A pesar de las negociaciones con representantes del Gobierno y del PSOE, que han sido descritas como cordiales pero infructuosas, las asociaciones mantienen su postura y continúan adelante con los planes de protesta y huelga.