La acusación popular representada por Manos Limpias ha decidido apoyar la solicitud inicial de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), presentada ante el Tribunal Supremo, para la suspensión provisional de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ‘una vez se dicte auto de apertura de juicio oral’ por la posible revelación de secretos implicando a Alberto González Amador, compañero de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
‘Toda vez que esta parte ya ha venido manteniendo a lo largo del proceso tal pretensión y que así la formuló en su día, nos basta adherirnos a la misma interesando que se acuerde conforme a lo solicitado’, indicó el sindicato en su documento, según informes de Europa Press.
Después de que el magistrado instructor Ángel Hurtado otorgara un plazo de tres días a las partes para expresar su posición respecto a la suspensión propuesta, Manos Limpias se ha pronunciado. Recordemos que la APIF había hecho esta petición en julio, argumentando que ‘la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso’, ya que de seguir García Ortiz en su cargo durante el juicio oral, ‘él sería el superior jerárquico del fiscal asignado para actuar y podría, en su calidad, impartirle órdenes’.
‘Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal asignado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz’, defendió la asociación.
Además, la asociación enfatizó que ‘no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida’, pues García Ortiz, como fiscal general del Estado, ‘no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar’. ‘Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto’, agregaron.
El documento sostiene que el Supremo es el tribunal adecuado para decidir sobre esta medida. ‘A fin de cuentas, resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado’, concluyó.
Actualmente, García Ortiz espera que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral tras la confirmación de su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos por parte de la Sala de Apelación, con solicitudes de condena que incluyen hasta seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación.