Más Madrid y el PSOE han registrado sendos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto que ordenó el archivo de la causa contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán. El procedimiento se abrió por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos del Ayuntamiento de esta localidad cuando Millán era concejal.
La jueza instructora decidió archivar al entender que no quedaban probados los delitos atribuidos a la dirigente 'popular' y al empresario Francisco Roselló. La causa partió de denuncias sobre anomalías en contratos municipales con un empresario que, según la Guardia Civil, incluían presuntos pagos vinculados a la vivienda de Millán y adjudicaciones a personas de su entorno familiar.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid pide a la Audiencia que deje sin efecto el archivo y que el procedimiento continúe como abreviado, al considerar que hay indicios suficientes para seguir investigando posibles delitos de prevaricación, fraude en la contratación y cohecho.
La formación sostiene que el archivo provisional acordado por el Juzgado constituye “un sobreseimiento prematuro por estar pendientes de practicar diligencias de instrucción acordadas”.
El escrito se refiere a una presunta trama entre la entonces concejal y el empresario Francisco Roselló, mediante la cual se habrían adjudicado contratos públicos por más de medio millón de euros a sociedades vinculadas a este último.
Según el recurso, estas adjudicaciones se habrían producido entre 2005 y 2011 desde diferentes concejalías del Ayuntamiento, con una supuesta “influencia decisiva” de Millán en los procesos de contratación.
Tutela judicial efectiva y diligencias pendientes
El PSOE, por su parte, argumenta que la resolución judicial recurrida es contraria a derecho y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación popular.
El partido subraya en su recurso que el archivo se apoya en una decisión previa de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló una prórroga de la instrucción, pero recalca que dicha resolución no ordenaba el cierre del procedimiento, sino que se limitaba a corregir un defecto de motivación.
En esta línea, el PSOE entiende que el Juzgado debió dictar una nueva prórroga debidamente razonada o, al menos, practicar antes las diligencias de investigación que seguían pendientes, en lugar de optar por el archivo.
La formación critica que el órgano judicial dejara sin efecto pruebas ya acordadas, entre ellas declaraciones de testigos considerados clave, pese a haber sido calificadas como “útiles y pertinentes” y haber contado incluso con el respaldo de instancias superiores.
A juicio del PSOE, esta decisión resulta “incoherente”, ya que se renuncia a practicar pruebas dirigidas precisamente a aclarar unos hechos sobre los que, según sostiene, existían indicios suficientes.