La defensa del 'expresident' de la Generalitat valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia contra la resolución del Juzgado de Catarroja que le veda intervenir como parte en la investigación sobre la gestión de la dana de octubre de 2024.
La magistrada instructora ya había rechazado la petición del exjefe del Consell —al que ha llamado a declarar en calidad de testigo— para personarse en el procedimiento, argumentando que en el ordenamiento jurídico español no existe la figura del denominado “testigo asistido”.
El recurso, según explican fuentes de su representación legal a Europa Press, se estructura en torno a cinco ejes. En primer lugar, denuncia una “anomalía procesal relevante” vinculada al momento en que se elevó la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia.
En esta línea, la defensa sostiene que esa decisión “se adoptó apartándose del criterio que, hasta entonces, habían venido manteniendo tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --mediante auto 23 de diciembre de 2024--, como la Audiencia Provincial de Valencia --en su resolución de 23 de octubre de 2025--, y también del que la propia instructora había expresado con anterioridad (auto 5 de mayo de 2025), en el sentido de que una eventual exposición razonada debía producirse al término de la instrucción y no en una fase intermedia de la misma”.
Esa “alteración del criterio procesal” que habían manifestado todos los tribunales, incluido el de Catarroja, ha generado, a juicio de la defensa, una situación “singular”: el TSJ ha descartado de forma tajante cualquier responsabilidad penal de Mazón, pero, al mismo tiempo, siguen plenamente incorporadas al sumario todas las diligencias practicadas en primera instancia que inciden sobre su posición, y “nada impide que puedan ser utilizadas nuevamente en el futuro para intentar elevar una segunda exposición razonada”.
En segundo término, el recurso sostiene que esta forma de proceder ha provocado una situación de “seria indefensión” desde la óptica procesal, al haberse llevado a cabo actuaciones que afectan al 'expresident' “sin que éste haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa”. Se subraya, en particular, la validez de las declaraciones de miembros de su equipo de comunicación realizadas cuando la exposición razonada ya estaba elevada, en un momento en el que, según la defensa, no existía posibilidad real de personarse para conocer, impugnar o reaccionar frente a su contenido.
El escrito recalca que esta circunstancia no puede considerarse irrelevante mientras la instrucción siga abierta y exista margen para nuevas valoraciones o decisiones futuras basadas, total o parcialmente, en ese mismo material instructor.
En tercer lugar, los abogados de Mazón rechazan que pueda sostenerse que el exdirigente dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores. Aducen que la fase de instrucción continúa en curso y que, precisamente por ello, “subsiste la posibilidad de que determinadas actuaciones ya practicadas sean reinterpretadas o conectadas con otras futuras”.
“Interés legítimo y actual” y derecho de defensa
Desde esa perspectiva, el letrado del exmandatario autonómico afirma que “sigue existiendo un interés legítimo y actual en poder combatir diligencias que, a su juicio, se apartaron del marco limitado que había fijado la Audiencia Provincial”. En este punto se alude a interrogatorios y cuestiones que consideran “ajenos al objeto estrictamente habilitado por la Audiencia Provincial --con preguntas sobre el jersey, la comanda del restaurante o el interrogatorio de Feijóo aludiendo Marcial Dorado-- y, por tanto, susceptibles de nulidad”.
La defensa resume su planteamiento en que, mientras esas diligencias sigan integradas en la causa y con plena eficacia, “no puede cerrarse al afectado la posibilidad de comparecer para defender sus derechos”.
En cuarto lugar, el recurso argumenta que el derecho de Mazón a personarse “no nace ni se agota en un instante procesal aislado, sino que surge desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta”.
En esta línea, sostiene que “esa es, en realidad, una de las ideas centrales del recurso: que el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede interpretarse de forma restrictiva ni como una garantía meramente formal o efímera, sino como un verdadero instrumento de defensa frente a una investigación en la que, aun sin imputación formal consolidada y a pesar del pronunciamiento del TSJ, se sigue manteniendo una dinámica instructora en la que se afirma expresamente no se descarta incidir sobre la posición jurídica del aforado”. Por ello, mientras la instrucción siga abierta y pueda recurrirse a diligencias pasadas o futuras para sustentar una nueva exposición razonada, “el derecho de defensa no puede considerarse extinguido”.
Finalmente, el recurso sostiene que, más allá de las resoluciones que niegan responsabilidad penal, la realidad del procedimiento “revela que la instrucción sigue proyectándose sobre el señor Mazón”. Como ejemplo, cita actuaciones dirigidas a esclarecer qué información recibió, con quién habló, qué comunicaciones mantuvo o cuál fue su eventual papel en la secuencia de hechos investigados.
Entre esas diligencias se menciona la declaración de la exportavoz del Consell, Ruth Merino, para que detalle los datos de que disponía Mazón en un momento concreto (solicitada en el mismo auto en el que se le convoca a él como testigo), la petición de conversaciones y comunicaciones con él formulada por distintos testigos y la prórroga de la instrucción para avanzar en actuaciones vinculadas a su entorno más inmediato. A juicio de la defensa, esta “continuidad material de la actividad instructora es incompatible con negarle simultáneamente la posibilidad de personarse y ejercer su defensa”.
Dos salidas posibles para la causa
Por todo ello, y reiterando que “no existe responsabilidad penal alguna” de Mazón, el recurso concluye que “solo caben dos soluciones verdaderamente coherentes”.
“Dejar sin efecto diligencias de investigación” es la primera alternativa que plantean: anular todas las diligencias que le afecten o le hayan afectado, de forma que su papel quede reducido estrictamente al de un testigo sin riesgo procesal. La segunda opción, si esas diligencias se mantienen y pueden ser utilizadas en el futuro, pasa por permitir su personación para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa frente a unas actuaciones que se prolongan desde hace más de un año y que, según la defensa, no pueden seguir desarrollándose a sus espaldas. Esa es “la contradicción procesal que el recurso somete a revisión de la Audiencia Provincial”, concluyen.