El expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que rechazó su personación en la causa que investiga la gestión de la dana que devastó la región, causando la muerte de 230 personas.
La defensa de Mazón presentará el recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia la próxima semana, según ha confirmado el abogado del expresidente, Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante.
Un recurso para garantizar transparencia
El objetivo de la personación, según explicó Mazón en los pasillos de las Cortes Valencianas, es conocer el alcance de las actuaciones de la magistrada y determinar si se están practicando diligencias de investigación sobre su persona. “Quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo”, afirmó.
La jueza Tobarra rechazó la solicitud alegando que la personación está reservada legalmente a los investigados, y que Mazón, llamado únicamente como testigo, no encajaba en esa categoría. La magistrada también negó que se estuvieran practicando diligencias de investigación sobre el expresidente en relación con la tragedia.
Una causa a medio camino
Actualmente, se mantiene la imputación de la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y de su ex número dos, Emilio Argüeso. La magistrada considera que una alerta temprana a la población podría haber evitado decenas de fallecimientos durante la inundación. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya resolvió anteriormente que no había indicios suficientes para imputar a Mazón por la gestión de la dana.
La decisión en manos de la Audiencia
La Audiencia de Valencia deberá decidir si mantiene a Mazón como testigo o si admite su personación, lo que le permitiría seguir de cerca las diligencias y recibir notificaciones de todas las actuaciones relacionadas con la causa. Algunas voces críticas consideran que la insistencia de Mazón en recurrir podría reflejar dudas sobre su inocencia, mientras que la defensa insiste en que se trata de un derecho fundamental a la información y la transparencia en un caso de gran impacto social.