El Ministerio Fiscal ha expresado su oposición a que el Tribunal Supremo (TS) proceda con la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para investigar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por supuestos delitos de falso testimonio y malversación en relación con el ‘caso Begoña Gómez’.
Según fuentes judiciales mencionadas por Europa Press, el fiscal del TS, Fernando Prieto, ha establecido esta postura en el informe presentado a la Sala de Admisión, que debe determinar si se alinea con las recomendaciones del Ministerio Público o si, por el contrario, acepta la petición de Peinado.
Peinado, quien preside el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha solicitado al TS que investigue a Bolaños tras considerar que este pudo haber cometido los delitos mencionados por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
Las fuentes indican que el fiscal argumenta que Peinado no ha proporcionado datos concretos que demuestren que Álvarez llevó a cabo actividades privadas fuera de sus funciones públicas, ni ha explicado, en caso de ser así, la responsabilidad de Bolaños en estos hechos.
Además, el fiscal critica que no se haya presentado una prueba mínima de que Álvarez excediera sus funciones asignadas, ni se haya argumentado de manera objetiva que Bolaños estuviera al tanto de las supuestas actividades privadas de Gómez, en las que Álvarez habría participado, más allá de lo que describe como ‘proclamas sobre un supuesto conocimiento público y notorio de las mismas’.
El fiscal también cuestiona que Peinado no haya fundamentado adecuadamente la supuesta dependencia orgánica y funcional de la asesora respecto a Bolaños, en la que basa la presunta responsabilidad de este último.
Finalmente, el fiscal sostiene que Peinado no ha justificado que Bolaños controlara de alguna manera los fondos públicos supuestamente malversados, específicamente en la gestión presupuestaria.
PEINADO APUNTA A FALSO TESTIMONIO Y MALVERSACIÓN
Peinado se dirigió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre una investigación contra un miembro del Gobierno, alegando que existen ‘indicios razonables, sólidos y cualificados’ contra Bolaños.
Argumentó que el delito de falso testimonio se basa en las contradicciones observadas entre las declaraciones de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz.
En cuanto a la malversación, explicó que Bolaños tenía la responsabilidad de supervisar los fondos públicos utilizados para pagar a Álvarez, quien asistía a Gómez no solo en su rol de esposa del presidente del Gobierno, sino también en sus actividades privadas.
EL ‘CASO BEGOÑA GÓMEZ’
Con estas acciones, Peinado busca ampliar el grupo de investigados en el ‘caso Begoña Gómez’, que ya incluye a la esposa de Pedro Sánchez, la propia Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se originó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, acusando a Gómez de usar su posición como esposa del presidente para influir en empresarios que participaban en licitaciones públicas, como Barrabés. Posteriormente, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación por querellas de Hazte Oír y Vox.
Actualmente, Peinado investiga el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la contratación de la esposa de Sánchez para codirigir una cátedra y dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid; la supuesta apropiación indebida de ‘software’ de dicha cátedra por parte de Gómez; y el nombramiento de Álvarez.