El Ministerio del Interior ha admitido la ‘extralimitación’ de un agente de la Policía Nacional que, junto a otros tres compañeros, intervino en la detención de un joven en Elche (Alicante) en agosto de 2017, aplicando una presión excesiva sobre su cuello mientras estaba inmovilizado, lo que resultó en su fallecimiento. ‘Hay nexo causal existente entre el actuar administrativo y el resultado de muerte’, afirma el informe.
Tras una revisión del caso, que fue archivado judicialmente debido a un accidente sufrido por el agente principal, Interior concluye que hubo ‘un ejercicio de la fuerza no ajustado a los principios y protocolos normativos que provocó un daño grave, irreparable y antijurídico’. Esta conclusión se extrae de la resolución a la que ha accedido Europa Press, donde se aprueba parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial presentada por Ignacio Grau, representante legal del padre y hermano de la víctima, estableciendo una compensación económica para ellos. La madre fue compensada en una resolución diferente.
En el momento de los hechos, la víctima, que padecía una enfermedad y se encontraba muy alterada, se refugió en el sótano de su casa. Los padres solicitaron ayuda a Emergencias, y se desplazó un equipo de la Policía Nacional. Al llegar, los agentes tuvieron que desarmar al joven, que portaba una navaja, y procedieron a inmovilizarlo. A pesar de estar esposado, los oficiales continuaron aplicando presión, lo que culminó en su muerte. Los familiares estaban presentes y presenciaron los hechos, según consta en los registros policiales.
El informe forense indicó que la muerte se debió a ‘un mecanismo de muerte por inhibición parasimpática de la circulación en relación con el incremento de presión sobre los senos carotideos a consecuencia de la presión ejercida a nivel cervical’. ‘La muerte es de origen violento’, se detalla en el documento.
Finalmente, aunque inicialmente el caso fue archivado por incapacidad del agente implicado para testificar, Interior ha reconocido la indemnización a la familia, basándose en el informe de la autopsia y rechazando la versión de que el joven pudo haberse autolesionado. Se confirma así el ‘nexo causal existente entre el actuar administrativo y el resultado de muerte’, concluyendo que la actuación policial fue la causa directa del trágico desenlace.