El inicio de la serie de tres huelgas convocadas por jueces y fiscales este martes se ha caracterizado por una ‘normalidad casi absoluta’ en diversas instancias judiciales, informaron fuentes del Ministerio de Justicia. A pesar de la falta de datos oficiales de seguimiento proporcionados a la dirección que encabeza Félix Bolaños, no se ha procedido a la reducción de salarios por los días no trabajados.
Según estimaciones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), aproximadamente un 75% de los togados participaron en el paro, basándose en los ‘emails’ que los huelguistas enviaron a un correo electrónico especial creado por el comité de huelga.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) no han reconocido la huelga ni proporcionado cifras, el Ministerio de Justicia solicitó que ‘cada día en el que estén convocados estos paros le informen, antes de las 14:00 horas, de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden, tal y como le ocurre a cualquier trabajador en una huelga’. ‘Esta comunicación es necesaria, ya que el Ministerio es el organismo pagador’ de ambos, subrayaron las fuentes.
No obstante, hasta las 18:00 horas, no se ha recibido información sobre la participación en la huelga por parte del CGPJ, la FGE o las asociaciones de jueces y fiscales, indicaron las fuentes.
Las mismas fuentes recalcaron que ‘la única cifra oficial del seguimiento de una huelga es la cifra de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo’.
GOBIERNO DEFENDE SU REFORMA DE LA CARRERAS JUDICAL Y FISCAL
Reafirman ‘la necesidad de una reforma que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y que, básicamente, blinda por ley las becas para opositores; incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades, además de las memorísticas; y establece un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas –la mayoría son mujeres– para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea’.
En contraste, las asociaciones que convocaron la huelga, exceptuando a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), advierten que las reformas propuestas comprometen la independencia judicial y, en consecuencia, al Estado de Derecho. ‘No hay una sola línea que afecte a la independencia judicial o el Estado de Derecho’, contestaron desde el Ministerio.