El Ministerio Público se ha expresado favorablemente para que un magistrado lleve a cabo la investigación contra la exintegrante del PSOE Leire Díez, tras la divulgación de audios donde se la oye proponer favores judiciales a cambio de datos que podrían perjudicar a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía, al considerar que dichos actos podrían constituir un delito.
La Fiscalía de Delitos Económicos ha adoptado esta postura en el informe solicitado por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, en relación a una denuncia interpuesta por Hazte Oír contra Díez, tras lo cual se han iniciado diligencias indeterminadas. ‘La Razón’ fue el medio que adelantó esta información, confirmada posteriormente por fuentes fiscales a Europa Press.
La organización acusó a Díez de posibles delitos como revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, argumentando que las ‘negociaciones’ no eran parte de su actividad profesional, al no ser abogada ni fiscal, y por ende, no poseer intervención legal en los procedimientos judiciales vigentes.
‘Así pues, solo puede entenderse su intervención o bien como ‘comisionista’ con objeto de enriquecerse presuntamente por medio del ejercicio del tráfico de influencias, o ejerciendo un mandato oficial u oficioso por parte del Gobierno o de algún miembros del Gobierno con capacidad de dictar instrucciones a la Fiscalía y la Abogacía del Estado’, señaló.
Este caso también se considera un posible tráfico de influencias con la utilización del Gobierno para favorecer los intereses de ciertas personas o del propio PSOE.
Díez Castro, quien fue teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) y mantuvo cargos dentro de Correos, defendió que su actuación en los audios era parte de un trabajo periodístico para un libro sobre supuestas cloacas del Estado, ‘en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie’. ‘Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE’, declaró a la prensa a principios de junio.