Este jueves, la Fiscalía ha solicitado que se prolongue la detención preventiva de Álvaro Romillo, el empresario acusado de entregar 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y de realizar una supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
De acuerdo con información proporcionada por fuentes judiciales a Europa Press, en la audiencia realizada en la Audiencia Nacional, la fiscal Mar Scharfhausen ha argumentado que persisten las condiciones que justificaron el encarcelamiento de Romillo, destacando el riesgo de fuga y la posible destrucción de evidencias.
En el mismo evento, Zaballos Abogados, representando a la acusación popular, ha reforzado la petición del fiscal, subrayando la existencia de siete millones y medio de euros en criptomonedas aún accesibles para Romillo y no recuperados aún.
UNA «ORGANIZACIÓN CRIMINAL DIRIGIDA» POR ROMILLO
El magistrado José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ordenó previamente el encarcelamiento provisional sin fianza de Romillo, justo un día después de su arresto, para «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su comparecencia ante la justicia.
Calama señaló que Romillo habría creado y liderado una «organización criminal», tras descubrirse una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario. El juez destacó el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, además de mencionar que los delitos imputados podrían acarrear penas superiores a dos años de cárcel y afectar a miles de personas.
Según el juez, un total de 3.062 inversores resultaron perjudicados por la plataforma MIC, quienes invirtieron aproximadamente 185.511.947,76 euros, dinero que no fue destinado a las inversiones prometidas, sino desviado a otras cuentas del entramado societario de Romillo.