Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, ha pedido al magistrado a cargo de su investigación relacionada con posibles beneficios a empresas que colaboraron con su empresa fundada, Equipo Económico (EE), que se le facilite una copia completa de las diligencias y se suspendan las investigaciones hasta que tenga la oportunidad de examinarlas, citando la ‘inexcusable indefensión’ que afirma haber experimentado durante los siete años que el caso estuvo bajo reserva.
En una petición formal, a la que Europa Press tuvo acceso, su equipo legal ha solicitado ser reconocido oficialmente como investigado en el proceso que se inició en 2018 en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona debido a los presuntos favores de Hacienda a empresas del sector gasístico que contrataron los servicios de Equipo Económico, incluyendo modificaciones legales que resultaron en descuentos fiscales.
En julio pasado, Rubén Rus, juez a cargo del caso, reveló la imputación de Montoro junto con otras veinte personas, tanto físicas –incluidos ex socios del ex ministro del gobierno de José María Aznar– como jurídicas, incluida EE. ‘Y, por ello, mediante el presente escrito nos venimos a personar en calidad de investigados, solicitando acceso al contenido íntegro de las actuaciones, con suspensión de plazos y señalamientos hasta la efectiva puesta a disposición de las mismas y el transcurso de un tiempo prudencial y acorde con la extensión de la causa para su estudio y análisis por esta defensa’, exigen los abogados de Montoro.
Además, señalan que, ‘pese a haber tenido conocimiento con anterioridad –a través de los medios de comunicación– de la existencia de una investigación en sede penal que podría estar relacionada con su persona y actividad como ministro del Gobierno de España, esta es la primera vez que se le da cuenta formal de la existencia de dicho procedimiento y de que el mismo se dirige contra él, entre otros investigados’.
Asimismo, denuncian que Montoro ‘ha tenido que soportar reiteradamente interesadas filtraciones relacionadas con el presente procedimiento, generándole una inexcusable indefensión’. ‘Por un lado, por cuanto el procedimiento ha permanecido secreto y así se ha mantenido –inusitadamente– durante 7 años aproximadamente, impidiendo a mi representado conocer qué es lo que se estaba investigando y ejercer su derecho fundamental a la defensa consagrado constitucionalmente’, explican. Y concluyen que, ‘por otro lado, porque las interesadas filtraciones han venido refiriéndose, por lo general, a hechos distintos de aquellos sobre los que, al parecer, se concreta finalmente la investigación, agravando de esta manera la indefensión producida y la pena instrumental de banquillo a la que ha sido sometido durante todo este tiempo’.