El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro defiende que su patrimonio responde a una “situación patrimonial absolutamente normal”, niega haber cobrado comisiones por impulsar reformas fiscales favorables a compañías gasísticas durante su etapa en el Gobierno y arremete contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que reprocha basarse en “sospechas infundadas” que califica de “fabulación”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Montoro, investigado en esta causa, censura al responsable del Juzgado de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona por “la innecesariedad de acordar la prórroga de la instrucción ante la absoluta falta de indicios racionales de criminalidad” respecto de cualquiera de los imputados.
La defensa del exministro cuestiona además que el magistrado decidiera en enero extender durante seis meses adicionales el periodo de instrucción “en flagrante vulneración, al haberse dictado sin previa audiencia a las partes”.
Por este motivo, solicita que el escrito se tramite como recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona para que declare nula la prórroga y la deje sin efecto, reiterando, como ya ha hecho en otras ocasiones, que el procedimiento debería ser archivado.
El texto subraya que “tras siete años de investigación --durante la práctica totalidad de los cuales la causa ha permanecido declarada secreta--, y contando con la intervención de la UCO, la AEAT y los Mossos d'Esquadra, el resultado no ha sido otro que la más absoluta nada”.
Según Montoro, “no existe un solo indicio que apunte hacia la comisión de los delitos investigados, los cuales permanecen exclusivamente en el plano de las sospechas infundadas del Ministerio Fiscal”.
La defensa sostiene que mantener viva la causa “únicamente puede servir”, en palabras del exministro, “para perpetuar una instrucción de carácter meramente prospectivo, proscrita por el ordenamiento jurídico”.
Montoro niega relevancia penal y defiende la práctica de recibir propuestas
En el escrito, la defensa señala que el exministro “desconocía” que las modificaciones tributarias aprobadas, a las que se refiere como “pequeñas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso que se acordaron en esas fechas”, hubiesen llegado al Ministerio de Hacienda a través de integrantes del despacho Equipo Económico.
“Sin embargo, con independencia de lo anterior, lo determinante es que, aun cuando aceptásemos a efectos puramente dialécticos --ya hemos dicho que lo negamos tajantemente-- que mi representado hubiera tenido conocimiento exacto y puntual de dicha circunstancia, los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal”, expone la defensa.
Montoro recalca que es “práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados”.
Recuerda que se trata de propuestas que, “en numerosas ocasiones se materializan en la aprobación o modificación de normas que recogen tales intereses, sin que jamás se haya cuestionado que dicha práctica constituya conducta corrupta o criminal ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del Poder Legislativo”.
Desde su punto de vista, lo que “pretende” Anticorrupción es mantener que, “pese a que ningún indicio más allá de su 'olfato' apunta a ello”, el exministro “podría haber percibido comisiones por 'facilitar' la aprobación” de determinadas reformas tributarias.
Pero, insiste, “más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal, como decíamos, no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas”. “Antes al contrario, las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de mi representado y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte”, afirma el escrito.
En este procedimiento, el juez mantiene abiertas diligencias para determinar si desde el Ministerio de Hacienda se concedieron ventajas fiscales a empresas del sector gasista con la intermediación del despacho Equipo Económico, señalado como el núcleo de la presunta trama.