La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha solicitado al juez que ratifique el procesamiento del exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, al considerar acreditado que se produjo “una ausencia clara de consentimiento”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Mouliaá impugna el recurso presentado por Errejón contra el auto en el que el magistrado instructor proponía enviarle a juicio por la supuesta agresión sexual ocurrida una noche de octubre de 2021.
En su recurso, Errejón cuestionaba la denuncia “tardía” —formulada después de que presentara su dimisión— y con “motivación espuria” por parte de Mouliaá, cuyo “único ánimo” habría sido el de “obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento”.
La representación de la intérprete reprocha que Errejón trate de “desacreditar” a la actriz “por haber interpuesto la denuncia tres años después de los hechos”. “Su planteamiento resulta profundamente erróneo y desconoce por completo la dinámica psicológica de las víctimas de hechos traumáticos”, sostiene el escrito.
La defensa subraya que “el retraso en la denuncia no es un signo de inconsistencia, sino una reacción típica asociada al trauma, la vergüenza, el miedo y el bloqueo”. Para ello, el abogado se apoya de forma expresa en los informes emitidos por los psiquiatras que examinaron a Mouliaá tras los hechos denunciados.
Imagen pública y apariciones en medios
El letrado de la actriz se detiene también en las críticas de Errejón a las intervenciones de Mouliaá en distintos medios de comunicación, en las que habló de la presunta agresión sexual. Según el escrito, esa información “carece de eficacia probatoria y no vinculará al juzgador”.
“En sus primeras apariciones en los medios de comunicación trató de dar una imagen de fortaleza irreal, que no debe servir como precedente para determinar su credibilidad”, argumenta la defensa, antes de remarcar que por todos “es sabido que las publicaciones de los medios de comunicación son del todo sensacionalistas y sesgadas”.
En esta misma línea, y al analizar sus declaraciones en prensa, la representación de Mouliaá sostiene que “el binomio máxima libertad y necesidad de lucro deriva en la utilización de recursos periodísticos que suponen un ejercicio interesado del derecho de información con el fin de lograr un impacto en la opinión pública”.
Por ello, el abogado pide al juez que deje al margen las entrevistas concedidas por la actriz, dado que “no forman parte de la prueba practicada en instrucción ni en el acto del juicio oral”.
“No se trata de prueba de cargo ni de descargo, sino de material extraprocesal carente de garantías, que no puede servir para cuestionar una declaración realizada en sede judicial con todas las garantías. Mi representada ha prestado declaración de forma coherente en instrucción, con todas las garantías, y su testimonio ha sido valorado adecuadamente por el órgano judicial”, concluye el escrito.
La actriz destaca igualmente que, de las diligencias practicadas durante la fase de instrucción, se desprende “una ausencia clara de consentimiento en seis episodios clave” en la noche de los hechos, descartándose que el “comportamiento posterior de la víctima pueda ser interpretado como consentimiento”.