El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha fallado a favor de un agente de la Policía Nacional al imponer una sanción económica de 2.295 euros a una vecina de la ciudad por difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería un vídeo grabado por ella misma en el que increpaba, insultaba y difamaba al funcionario dentro del Hospital Universitario del Servicio Andaluz de Salud SAS.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota, los hechos se desencadenaron después de que el hijo de la ahora condenada fuera arrestado tras un dispositivo policial para desalojar un macro botellón que tenía lugar en la Plaza Jesús María, donde intervinieron por las continuas quejas vecinales por ruidos, suciedad y destrozos en el mobiliario urbano.
Durante la actuación, el joven fue detenido por acometer y tratar de agredir físicamente a los policías cuando estos ordenaban a los concentrados que cesaran su comportamiento, motivo por el que se le imputó un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y fue trasladado, debido al estado de alteración que presentaba, a la zona de urgencias del centro hospitalario para su valoración médica.
Una vez en el hospital, la madre del detenido accedió a los boxes de urgencias increpando e injuriando a los agentes presentes y centrando sus ataques en un policía en concreto, al que grabó mientras lo insultaba para, a continuación, difundir el vídeo junto con las falsedades a las que aludía a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Según ha explicado la Policía Nacional, la resolución judicial deja constancia de que la mujer utilizó su propio teléfono móvil para registrar al agente durante la intervención, profiriendo insultos, amenazas e injurias y difundiendo después dichas imágenes en varias plataformas en las que vertió manifestaciones ofensivas y amenazantes, menoscabando la dignidad profesional y personal del policía y promoviendo en redes un escarnio y señalamiento injusto contra su persona.
Como consecuencia, el Juzgado ha condenado a la mujer por un delito contra las Instituciones del Estado, imponiéndole una multa total de 2.295 euros, de los que 1.200 euros se fijan como indemnización directa al funcionario por los daños morales ocasionados.