El Gobierno de Murcia, a instancias de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) impugnando el Real Decreto 658/2025, fechado el 22 de julio, que establece las normas para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Esta acción fue comunicada por Marcos Ortuño, portavoz del Ejecutivo murciano, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia. Ortuño ha criticado duramente el decreto, calificándolo de “un auténtico atropello jurídico y político” y alegando que “invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores”. Además, ha enfatizado que el decreto “quiebra” el principio de lealtad institucional.
Según el portavoz, el decreto no solo se ha impuesto “de espaldas a las autonomías, sin consenso, sin diálogo, sin respeto a los órganos de cooperación en materia de protección de menores”, sino que adicionalmente “vulnera la autonomía financiera de las comunidades” al no asegurar los fondos necesarios para una adecuada atención a estos menores. Ortuño ha señalado que el decreto es “improvisado y sin fundamento”, y ha criticado que obliga a las comunidades a “asumir responsabilidades que son competencia directa del Estado” sin los recursos necesarios.
El dirigente regional también ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar en serio la política migratoria, involucrar a la Unión Europea, actuar en los países de origen, combatir a las mafias ilegales y escuchar a todas las comunidades autónomas.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
Entre los argumentos jurídicos que sustentan el recurso presentado, el Gobierno de Murcia argumenta la invasión de competencias autonómicas específicas en protección de menores, la vulneración del principio de autonomía financiera, así como la del principio de lealtad institucional. Además, señalan que el decreto infringe el principio de igualdad y no discriminación al exigir a las comunidades que informen sobre las plazas de acogida disponibles y las que actualmente ocupan, lo cual consideran una discriminación hacia los menores migrantes.