La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha impuesto una pena de ocho años de cárcel a un interno del centro penitenciario de Fontcalent por un delito de asesinato en grado de tentativa, después de que atacara a otro preso clavándole en el cuello un bolígrafo manipulado a modo de arma blanca. Además, el condenado tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 20 años.
La resolución judicial fija también que el agresor indemnice al perjudicado con 2.076 euros por los daños y perjuicios derivados de la agresión, cantidad de la que responderá de forma subsidiaria Instituciones Penitenciarias en caso de impago por parte del reo. Asimismo, deberá abonar 240 euros al propio centro penitenciario por los gastos de la asistencia médica prestada al recluso herido.
Los hechos se produjeron el 12 de abril de 2024 en una zona común de la prisión, a la que la víctima había accedido para realizar un trámite administrativo, momento en el que el otro interno se abalanzó sobre él y le clavó en la nuca el bolígrafo, previamente transformado para que funcionara como un cuchillo.
En el juicio, el acusado admitió solo en parte lo sucedido y sostuvo que su intención era golpear en la espalda y que falló el objetivo. Igualmente, afirmó que no había alterado el bolígrafo, que era uno normal, y que reaccionó así porque pensaba que el otro recluso “iba a ir a por él” y que ese mismo día le había amenazado. No obstante, para el tribunal, el punto exacto en el que se dirigió el ataque revela una clara voluntad de acabar con la vida del otro interno, o al menos la asunción de ese resultado, y califica la conducta de premeditada y movida por un ánimo de venganza.
El preso agredido tuvo que ser intervenido de urgencia para extraerle el objeto clavado y necesitó 21 días para estabilizarse de la lesión, quedándole como secuela una cicatriz de un centímetro en la zona cervical.
Tras la agresión, el condenado se desplazó a otra dependencia de la cárcel para cambiarse de ropa, aunque fue igualmente identificado y arrestado, ya que un funcionario presenció la escena y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del centro.
Según recoge la sentencia, entre agresor y víctima existían desavenencias anteriores y varios incidentes, motivo por el que ya habían sido ubicados en módulos distintos para minimizar el riesgo de conflictos. Sin embargo, pese a conocer esos “desencuentros y enemistad”, Instituciones Penitenciarias permitió que coincidieran en áreas comunes, sin adoptar las medidas necesarias para impedir el contacto directo entre ambos.