La Audiencia Provincial de Burgos ha impuesto a un hombre, identificado como A.C.R., una condena total de once años de prisión y una sanción económica de 600.000 euros por un delito de depósito de explosivos o sustancias inflamables e incendiarias y otro de tráfico de drogas en su modalidad de notoria importancia. La pena se desglosa en cuatro años por el primero de los delitos y siete por el segundo.
La investigación de la Guardia Civil se puso en marcha al sospechar que el procesado elaboraba artificios pirotécnicos sin autorización administrativa. En marzo de 2024, los agentes interceptaron su coche en la autovía A-1, a la altura de Lerma, donde hallaron seis kilogramos de “speed” escondidos bajo los asientos traseros.
Tras ello, los registros practicados en las propiedades del acusado permitieron incautar más de 25 kilos de distintas sustancias estupefacientes, cuyo valor en el mercado superaría los 398.000 euros.
En relación con el material explosivo, los investigadores se incautaron de una notable cantidad de productos químicos restringidos y sometidos a control, como perclorato potásico, ácido sulfúrico y nitrato de sodio. Igualmente se localizaron polvos de aluminio, magnesio y acetona, ingredientes aptos para la elaboración de mezclas altamente inestables como el TATP, conocido como “madre de Satán”.
Según detalla el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, citado por Europa Press, el tribunal destaca que el acusado disponía de instrumental de laboratorio especializado para llevar a cabo estas reacciones químicas. Además de los precursores, almacenaba 91 metros de mecha y más de un kilogramo de pólvoras ya preparadas, clasificadas como objetos explosivos.
Durante la vista oral, el acusado rechazó los hechos que se le atribuían, pero la Sala ha considerado probada su responsabilidad penal apoyándose en las vigilancias operativas y en los envíos de material químico que recibió desde Valencia y Polonia. La resolución remarca que el investigado adoptaba severas medidas de seguridad para eludir el control policial.
La sentencia acuerda el decomiso y la destrucción de todas las sustancias intervenidas, tanto los estupefacientes como los componentes explosivos. Además de la pena de prisión y la multa, el condenado deberá hacer frente al pago de las costas procesales generadas en el procedimiento.
Contra este fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Burgos aún es posible presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.