La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado disolver el jurado popular en el juicio contra dos conductores acusados por el 'pique' mortal en la M-30 del 25 de julio de 2021 y ha emitido una orden de detención internacional ante los indicios de que el procesado en paradero desconocido habría salido de España.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar sobre las once y media de la mañana, cuando ambos implicados iniciaron una carrera ilegal en los túneles de la M-30. Uno de los turismos terminó colisionando con otro vehículo, cuyo conductor murió horas después en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La Fiscalía reclamaba quince años de prisión para cada uno por un delito de homicidio y otro de conducción temeraria. La defensa del acusado fugado sostenía la concurrencia de una atenuante de miedo insuperable al entender que su cliente era perseguido por el otro procesado y que no tuvo posibilidad de abandonar la vía por ninguna de las salidas de los túneles.
La vista oral se ha dado por suspendida este jueves y se ha procedido a la disolución del jurado tras confirmarse la fuga de uno de los encausados por homicidio, sobre el que pesa la sospecha de que habría escapado al extranjero.
La presidenta del tribunal ha explicado al jurado que no es posible seguir con el juicio porque hay que “garantizar los derechos de los acusados”. “Solo faltaba la declaración, pero nos falta. No pueden contrastar lo que va a decir uno y otro. Este asunto está tan relacionado con lo que hace uno de los acusados y lo que hace el otro. Someterles a un objeto del veredicto seria diabólico”, ha indicado.
El juicio ya se había interrumpido la semana anterior, después de dictarse una orden de busca y captura contra el procesado. La magistrada presidenta requirió a la Guardia Civil que acudiera a su domicilio, donde no fue localizado.
La práctica de la prueba testifical y pericial concluyó el pasado 14 de abril. Para el día siguiente estaban previstas las declaraciones de ambos acusados ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no compareció.
En una de las sesiones posteriores, tanto las defensas como el fiscal se mostraron conformes con suspender la vista hasta que se lograra su localización o, en su defecto, con disolver el tribunal del jurado si el acusado continuaba sin aparecer, como finalmente ha ocurrido.
Entre los elementos probatorios clave figuraban las grabaciones de las cámaras de seguridad de la M-30, que recogieron velocidades de hasta 176 km/h en un tramo limitado a 70 km/h.
No obstante, las defensas cuestionaron en sus informes iniciales la fiabilidad de dichas mediciones, argumentando que los cálculos se efectuaron a partir de las imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.