Este lunes, representantes de diversas asociaciones de la judicatura interina de España, incluidas la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), la Plataforma Judicatura Interina (APJI) y Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (APDJSMS), se han reunido en Bruselas con miembros del Gabinete de Justicia de la Comisión Europea para exponer la “grave situación” que enfrentan los jueces y fiscales sustitutos en el país.
En una nota de prensa, las asociaciones han valorado positivamente el encuentro, describiéndolo como “un paso decisivo en la defensa de los derechos de un colectivo que lleva décadas sosteniendo el funcionamiento de la Justicia española en condiciones de precariedad laboral, pese a realizar las mismas funciones que los titulares”.
En la reunión, se ha discutido “el abuso estructural” en la contratación temporal de estos profesionales, que representan cerca del 25% de la judicatura y fiscalía en España, ejerciendo las mismas responsabilidades que sus homólogos fijos pero sin garantías de estabilidad o derechos sociales completos, y enfrentando incompatibilidades que les impiden cualquier otra actividad profesional.
Además, se presentó el ‘Informe sobre la vulneración del Derecho de la Unión Europea’ por parte del proyecto de ley orgánica español para la estabilización de estos profesionales, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. A pesar de reconocer los esfuerzos del Gobierno español, las asociaciones han criticado que el proyecto “no pone fin al abuso ni garantiza la estabilidad, contraviniendo la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.
Se ha hecho referencia a la denuncia de la Comisión Europea contra Italia por casos similares y a las conclusiones del Abogado General Norkus en el asunto Obadal –9 de octubre de 2025–, subrayando la necesidad de “eliminar las consecuencias del abuso y limitar los procesos de estabilización a las verdaderas víctimas de la temporalidad abusiva”. Por último, se ha solicitado a la Comisión Europea que intervenga “con urgencia” y promueva un proceso de estabilización por concurso de méritos, dirigido a quienes realmente han sufrido abuso en la contratación.
Las asociaciones han propuesto también la creación de una mesa de trabajo permanente con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de las directivas europeas y la protección efectiva de los derechos laborales y sociales del colectivo. “Confiamos en que la Comisión actúe con la celeridad que exige esta injusticia estructural, para garantizar la estabilidad, la igualdad y la dignidad profesional de quienes servimos a la Justicia española”, concluyeron.