La segunda testigo protegida que declara en el juicio por trata de seres humanos en la Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado este martes el ambiente de “miedo y control” absoluto al que, según su versión, eran sometidas las mujeres en un piso de la capital. Ha explicado que el temor a que la principal acusada, señalada como cabecilla de la red, la “denunciara ante la Policía para que fuera deportada” fue el principal motivo que le impidió abandonar la vivienda donde era obligada a prostituirse.
Ante el tribunal, la mujer ha relatado que llegó a España en 2018 escapando de una situación de “violencia y precariedad” en su país, con la responsabilidad económica de ayudar a sus padres. Tras contactar con una persona que le prometió un empleo para lograr una “vida mejor”, terminó instalada en un piso de la calle Luis Alberdi, en unas condiciones que, ha subrayado, poco tenían que ver con lo acordado.
Según su declaración, al principio le garantizaron libertad de movimientos y el 50 por ciento de los ingresos, pero la realidad fue “muy distinta”. Igual que la testigo que compareció el día anterior, ha asegurado que apenas descansaban para poder atender a los clientes “a la hora que fuera” y que se veían forzadas a aceptar prácticas sexuales que no deseaban. Bajo las órdenes de la principal procesada, Z.T., “no existía la posibilidad de negarse” debido a una “presión verbal” continua basada en insultos y exigencias económicas.
Vigilancia constante y amenazas
La testigo ha insistido en la “falta de autonomía” de las mujeres, indicando que no disponían de llaves del piso y que solo podían salir con permisos breves. En este punto ha mencionado a J.F., quien supuestamente se encargaba de controlarlas, acompañándolas en todo momento cuando iban a hacer compras o al locutorio.
Ha añadido que ese control derivaba en intimidaciones, con insultos como “perra” o “puta” y amenazas directas hacia sus familiares. Según su testimonio, la responsable del grupo presumía de contar con “amigos en la Policía” que facilitarían su expulsión del país. Sobre las condiciones de vida, ha indicado que llegaban a convivir hasta seis mujeres repartidas en tres habitaciones y que, en ocasiones, tuvo que recurrir a Cáritas para poder comer, ya que debía pagarse su propia manutención pese a lo que se había pactado.
La estrategia de la defensa
Las defensas de los acusados han orientado sus preguntas a tratar de acreditar que la testigo era “libre de irse en cualquier momento”. Los abogados han puesto el foco en el hecho de que tardara tres años y medio en presentar denuncia, sugiriendo que su decisión obedeció a un “tema personal” y no a una situación de coacción.
También han intentado restar relevancia al papel de J.F. como supuesto vigilante, sosteniendo que vivía en el piso sin pagar alquiler por necesidad y que existía una relación de amistad previa con la testigo. La mujer, que actualmente dispone de permiso de residencia por arraigo laboral, ha manifestado que solo consiguió abandonar el lugar cuando logró trasladarse a una habitación distinta gracias a una persona que le ayudó a dejar atrás una etapa que ha descrito como “degradante”.
Casi 1.900 anuncios para captar clientes
En la vista de este martes han declarado también los agentes de la Policía Nacional que llevaron la investigación, quienes han coincidido en que las detenciones se produjeron a partir de los indicios obtenidos tras la denuncia de la primera víctima. Esa denuncia permitió verificar el “férreo control” que la acusada mantenía sobre las mujeres y el empleo de teléfonos móviles para contactar con los clientes.
Los investigadores han explicado que el operativo policial relacionó varios números de teléfono y direcciones de correo electrónico con la principal encausada y su pareja. El análisis pericial detectó “un total de 1.870 operaciones” realizadas entre 2016 y 2020 para promocionarse en portales de Internet, con un desembolso global de 11.000 euros.
La Policía ha vinculado a la trama seis inmuebles, cuyos contratos de alquiler figuraban a nombre de los investigados.