El Partido Animalista PACMA ha hecho pública este miércoles su crítica a la postura de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, después de que este órgano se haya pronunciado en contra de admitir a trámite la querella presentada por la formación contra el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, a quien atribuyen presuntos delitos de prevaricación y utilización de peritos falsos.
Tal y como detalla el Partido Animalista, la querella se apoya en la utilización de informes técnicos “presuntamente falsos, por inexactos, aportados por el Gobierno del Principado para justificar en los Tribunales sus resoluciones de captura y muerte de lobos en Asturias”.
No obstante, remarca PACMA, la Fiscalía entiende que los hechos descritos carecen de la entidad penal necesaria para ser investigados, al considerar que los “errores o desaciertos” contenidos en los informes periciales quedarían excluidos del ámbito del Derecho penal.
Asimismo, la formación denuncia que el Fiscal pasa por alto y evita pronunciarse sobre la posible conducta prevaricadora señalada en la querella, pese a que se habría dictado una resolución administrativa contraria a la normativa nacional e internacional que impide la muerte de lobos mientras se mantenga el actual estado de conservación desfavorable de esta especie protegida.
Desde PACMA rechazan de forma tajante esta interpretación, recalcando que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de promover la investigación de los hechos recogidos en el Código Penal, entre ellos la falsedad en informes periciales y su empleo en sede judicial, así como la prevaricación derivada de dictar resoluciones injustas con pleno conocimiento de su injusticia.
La formación animalista anuncia que registrará la queja correspondiente frente a esta decisión, alertando de que considerar irrelevantes los datos inexactos en los informes periciales y permitir su uso ante los órganos de la Administración de Justicia favorece y consolida “la impunidad absoluta” en la aprobación de resoluciones administrativas que, vulnerando la Ley, acaban provocando la muerte injustificada de ejemplares de lobo ibérico.