QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El hombre que enfrenta acusaciones por violar a su hija cuando ella tenía 10 años ha rechazado tales acusaciones ante el tribunal de la Audiencia de Jaén. La víctima, ahora con 18 años, ha revocado su declaración inicial, alegando que fue coaccionada por su madre y otra persona para que denunciara, diciendo que todo fue «mentira». No obstante, el Fiscal ha decidido sostener la acusación, exigiendo una condena de 34 años de cárcel para el padre.
El Ministerio Fiscal ha argumentado su decisión basándose en el análisis de expertas psicólogas de Márgenes y Vínculos, quienes consideran normal que las víctimas de abuso sexual puedan retractarse. Este fenómeno es conocido como el síndrome de acomodación al abuso. Según las psicólogas, la niña cumplía con 13 de los 19 criterios de credibilidad poco después de presentar la denuncia, indicando un alto grado de veracidad en su testimonio inicial.
Por otro lado, el padre ha defendido que la relación con su hija siempre fue «muy buena» hasta que se separó y comenzó una nueva relación, momento en el cual surgieron los problemas. «Soy incapaz de hacer eso. Me están acusando injustamente, quieren hundirme a toda costa», declaró el acusado, quien además sugirió que su hija fue manipulada por su exesposa y la hermana de esta.
La joven, apoyando a su padre en el tribunal, reiteró que su acusación fue el resultado de la presión ejercida por su madre y su excuñada, negando cualquier abuso. «No he recibido tocamientos, ni me han violado», afirmó, añadiendo que ha vivido bajo una mentira y expresando su deseo de abrazar a su padre, lo cual no puede realizar debido a una orden de alejamiento vigente. También negó haber mantenido conversaciones comprometedoras con su padre a través de redes sociales.
Los cargos contra el padre incluyen dos delitos de agresión sexual y uno continuado de abusos sexuales. El Ministerio Fiscal también ha pedido 24 años de libertad vigilada y la misma cantidad de tiempo de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija, así como su inhabilitación para trabajar con menores durante 15 años y una compensación de 30.000 euros para la víctima por daños morales.
El juicio ha concluido y se espera la sentencia.
