El abogado de la acusación particular que representa al padre del niño de Morón de la Frontera (Sevilla), desaparecido hace cuatro años, Jesús Fernández Pacheco, ha insistido este lunes en que la madre del menor, principal acusada, "tenía una posición garante, de privilegio" al ser quien "cuidaba del menor" y era "consciente" de las "consecuencias" al "retirar la medicación".
El letrado ha señalado ante los medios, tras la audiencia previa al juicio celebrada en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, que "consideramos que no era tan importante lo que pasó el mismo 12 de septiembre --momento de desaparición del niño--, sino los actos previos a ese día. Creemos que no tenía limitada ninguna capacidad, realizó actos tendentes a retirar la medicación".
Desde la acusación particular se sostiene que los hechos encajarían en un delito de homicidio por comisión por omisión, y no en un homicidio imprudente como mantiene la Fiscalía. Tal y como ya explicó el propio letrado a Europa Press, el Ministerio Público fundamenta su postura en que la madre habría estado en una situación de "enajenación mental" derivada de una "enfermedad psíquica", por lo que solicita para ella libertad vigilada y tratamiento en un centro psiquiátrico.
El padre del menor, Antonio Barroso, ha manifestado su inquietud ante el curso del procedimiento. "Yo no sé si tenía una enfermedad mental, no tenía constancia de ello. Ahora, pues parece que si. Pero creo que fue una muerte intencionada, hay indicios de que así fue", ha declarado, subrayando que "lo más doloroso" es "no saber" dónde está el cuerpo de su hijo. "Era un niño indefenso, no se merecía esto", ha añadido.
Durante la vista preliminar, en el turno de cuestiones previas, la acusación particular ha reiterado que la conducta atribuida a la madre constituye un homicidio por comisión por omisión, al haber "retiró la medicación" siendo "conocedora" del posible desenlace. Al mismo tiempo, ha solicitado la nulidad del procedimiento y que el asunto se tramite "en un órgano adecuado", esto es, en la Audiencia Provincial, según su criterio. La defensa, por su parte, ha mostrado su conformidad con la calificación del Ministerio Fiscal, lo que habría permitido cerrar el proceso mediante acuerdo.
El Fiscal, al responder, ha preguntado si se recurrió en su momento el auto que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, obteniendo una contestación negativa. Ha precisado que aquel habría sido el "momento oportuno" para plantear esa impugnación. Finalmente, la acusación ha reiterado que "la calificación jurídica no puede ser en ningún caso la de homicidio imprudente, así que no podemos llegar a ningún tipo de conformidad" y ha avanzado que, si el juicio se celebra con esa calificación, solicitarán la pena máxima prevista, cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente.
El juez ha acordado un plazo de diez días para resolver las cuestiones previas y determinar si procede la celebración de la vista oral o si, como reclama la acusación, se retrotraen las actuaciones al momento de presentación de los escritos provisionales.
"Nosotros podemos entender que el Fiscal pueda calificar por homicidio imprudente, lo que no podemos entender es que no se tenga en cuenta la calificación de esta acusación particular. No ocurre ninguna indefensión al retrotraer el procedimiento al órgano competente y ambos defender la postura más oportuna, bien de homicidio imprudente como defiende el Ministerio Fiscal o bien de homicidio por comisión por omisión que defendemos esta parte", ha concluido el letrado a la salida de los juzgados.