La tercera semana del juicio en el Tribunal Supremo por los presuntos amaños en la compra de material sanitario durante la pandemia ha estado centrada en las declaraciones de trabajadores del PSOE sobre los reintegros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, en los testimonios relativos al rescate vía “préstamo” a Air Europa y en los informes y contrainformes de los peritos citados por acusaciones y defensas.
En estos días se ha cerrado la fase de testigos y han comenzado las pruebas periciales, que se prolongarán hasta la próxima semana, con el objetivo de aclarar la posible implicación penal de los tres procesados: Ábalos, su antiguo asesor y el empresario Víctor de Aldama.
El martes compareció como testigo el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, quien negó haber entregado 500.000 euros ni a Ábalos ni a Koldo García a cambio del “préstamo” concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la crisis sanitaria, y rechazó igualmente que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tuviera influencia alguna en esa operación.
Del mismo modo, Hidalgo respondió con un doble “no” cuando se le preguntó si ofreció algún tipo de contraprestación a los acusados por dicho préstamo y si Gómez intervino para que se aprobara.
Hidalgo explicó que Aldama actuó como “canal de comunicación” con distintos ministerios en las gestiones para ese apoyo financiero y que se integró en el equipo “muy amplio” que trabajó para lograr la ayuda pública.
Reconoció además que la contratación de Aldama fue decisión suya: primero para intentar recuperar una deuda en Venezuela y, posteriormente, para tareas de asesoramiento, por las que le abonó 10.000 euros mensuales durante cerca de dos años.
“Participaba en la parte institucional y lo único que hacía era ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes”, precisó ante el tribunal.
El miércoles, antes de la declaración de otro de los testigos clave, acudió al Supremo el exgerente del PSOE Mariano Moreno, quien afirmó que “nunca” se utilizaron billetes de 500, 200 o 100 euros para devolver gastos a Ábalos o a su exasesor.
Los investigadores sostienen que Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, se referían a los billetes de 500 euros como “chistorras”, a los de 200 como “soles” y a los de 100 como “lechugas”.
Moreno defendió que “la caja del PSOE, la única caja que tiene, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma”, y detalló el protocolo de tesorería por el que él solicitaba fondos al banco y una empresa de seguridad los entregaba en efectivo.
“Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se hayan podido dar por parte del PSOE”, aseguró, subrayando que “el 99,4%” de los pagos se hacían por transferencia y “el resto por metálico”.
Auditoría de mascarillas y críticas a su transparencia
El jueves declararon las responsables de la auditoría interna del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas. Indicaron que la previsión inicial de adquirir cuatro millones de unidades por parte de Puertos del Estado se duplicó hasta ocho millones en “apenas 13 minutos” y sin que constara ningún criterio “ni verbal ni por escrito” más allá de que la empresa Soluciones de Gestión, señalada como epicentro de la trama, ofrecía esa cantidad “o nada”.
Relataron que en los correos internos se hablaba de que se iban a “comprar cuatro millones”, se organizaba la operación y que el presunto conseguidor, a quien el secretario general de Puertos “le remite esa orden”, estaba informado. “Desde ese correo, apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo que ahora van a ser ocho millones”, detallaron.
Las auditoras insistieron en que, tras revisar toda la documentación y realizar entrevistas, “nadie” les explicó el cambio de criterio y que no aparece justificación “ni verbal ni por escrito”. “De hecho, me contestaron otra cosa: que se adaptó a lo que la empresa ofrecía porque o se suministraban los ocho millones o no se suministraba nada”, señaló una de ellas.
Frente a ello, una perito propuesta por las defensas sostuvo que hubo “falta de transparencia” en la auditoría de Transportes, al existir “una serie de documentos y de anexos” mencionados que “no están anexados públicamente”.
También reprochó que no pudo “verificar las razones por las cuales se han entrevistado a determinadas personas” y no a otras “relevantes o partícipes de primera mano”, y planteó dudas sobre si en esas entrevistas “se han observado derechos fundamentales”.
La perito, que afirmó que no entra a valorar “si está bien o está mal” la auditoría, consideró que “contiene sesgos, apreciaciones subjetivas, recoge textos que son interpretativos y que eso les aparta de la metodología señalada”.
En su réplica, las auditoras del Ministerio de Transportes negaron haber introducido “juicios de valor”, alegando que “cuando se introducen manifestaciones y se cita literalmente, no lo es”, y rechazaron haber recibido instrucciones para cargar irregularidades sobre Ábalos y Koldo.
Letra de Koldo, piso en La Castellana y audios
Posteriormente intervino una perito caligráfica, que afirmó que existen “20 gestos tipo que demuestran sin lugar a dudas” que la letra de un documento de obras presentado por Aldama y sometido a análisis corresponde a Koldo García.
“Los parecidos van más allá de si la letra se parece o no. Lo que se ven son cómo la persona realiza las grafías, que se realizan de forma innata, y cómo esos mismos gestos tipo se reproducen de manera idéntica en el documento dubitado”, explicó ante los magistrados.
En otro momento de la sesión, dos peritos ratificaron su informe sobre el valor del piso de la madrileña calle de la Castellana que, según la acusación, habría sido ofrecido a Ábalos por Aldama como favor, y que cifraron en torno a 1.442.000 euros.
Indicaron que no pudieron acceder físicamente a la vivienda y que recurrieron al “método comparativo”: “Tomamos los testigos de inmuebles en la misma zona --por superficie, por características constructivas-- y de acuerdo a esos valores establecemos un valor de metro cuadrado”, señaló uno de ellos, añadiendo que también emplearon “valores estadísticos” de fuentes oficiales.
La semana se cerró con la intervención de agentes de la Guardia Civil y peritos de parte, que discutieron sobre los audios extraídos de los dispositivos de Koldo.
Los investigadores aseguraron que “no” hallaron “muestra de manipulación en los audios”, mientras que los expertos de la contrapericial indicaron que desconocen el procedimiento seguido por la Guardia Civil para el volcado de esos archivos.