Pano atribuye a Villafuel los 90.000 euros entregados en Ferraz y relata que Aldama le habló del sobre de Delcy

Carmen Pano atribuye a Villafuel los 90.000 euros llevados a Ferraz y detalla reuniones y presiones de la trama de hidrocarburos en varios ministerios.

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La empresaria investigada Carmen Pano, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Alberto Ortega - Europa Press

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La empresaria Carmen Pano ha manifestado este viernes, en calidad de investigada ante la Audiencia Nacional, que los 90.000 euros que afirma haber llevado a la sede del PSOE procedían de Claudio Rivas, propietario de la firma de hidrocarburos Villafuel. También ha señalado que fue Víctor de Aldama quien le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del “caso Koldo” asocia a una supuesta financiación irregular de los socialistas.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así lo ha expuesto en su comparecencia ante el magistrado instructor, Santiago Pedraz, que igualmente ha tomado declaración a la hija de Pano, Leonor González, quien ha asegurado no mantener vínculo alguno con la presunta red de fraude fiscal ligada al negocio de los hidrocarburos.

Pano ha insistido en que trasladó 90.000 euros, divididos en dos entregas de 45.000, a la sede federal del PSOE, y ha remarcado que ese efectivo pertenecía a Rivas, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa, junto con Aldama, como uno de los supuestos responsables principales del “caso hidrocarburos”.

Durante el interrogatorio se le ha preguntado asimismo por el sobre de PDVSA que Aldama dijo este jueves ante el juez haber recibido de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Pano ha indicado que ignora si ese sobre contenía datos sobre la financiación del PSOE, aunque ha precisado que Aldama le comentó que le habían hecho llegar documentación, sin facilitarle más pormenores.

La empresaria ha añadido que, en una reunión celebrada en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020, relativa a la licencia de operador de hidrocarburos que Villafuel aspiraba a obtener, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.

El propio Díaz Bidart reconoció el pasado mayo, como testigo ante el Tribunal Supremo, que asistió a ese encuentro y que, aunque no recordaba con exactitud quiénes acudieron, lo hizo a instancias de Koldo García, por entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Díaz Bidart declaró que el exasesor estuvo solo al inicio de la reunión para presentarle a los empresarios y que después abandonó la sala. No obstante, Pano ha sostenido que permaneció durante toda la cita y ha añadido que el excargo de Industria pidió que la documentación necesaria para la licencia de Villafuel se hiciera llegar primero a Koldo, para que este se la remitiera posteriormente a él, según las mismas fuentes.

Semana de declaraciones ante el juez Pedraz

A lo largo de esta semana, el juez Pedraz ha llamado a declarar a Díaz Bidart y a Marc Pons —que finalmente no compareció—, quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También citó a Rivas, que decidió acogerse a su derecho a no declarar, a Aldama, a Pano y a su hija. Además, han sido interrogados Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una mercantil, y Álvaro Gallego, que podría estar vinculado con la retirada en efectivo de 108.500 euros.

En sus informes, la UCO ha situado a Rivas, junto con Aldama, como supuesto cabecilla de la red, subrayando que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.

El último documento remitido al juzgado por la Unidad sostiene que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, departamentos que encabezaban entonces Maroto y Ribera, respectivamente.

De acuerdo con los investigadores de la Guardia Civil, esa infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.