La empresaria Carmen Pano ha declarado este viernes como investigada en la Audiencia Nacional que los 90.000 euros en efectivo que asegura haber transportado a la sede del PSOE procedían de Claudio Rivas, propietario de la firma de hidrocarburos Villafuel. También ha señalado que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del “caso Koldo” asocia a una supuesta financiación irregular de los socialistas.
Según han indicado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pano ha realizado estas manifestaciones ante el juez instructor, Santiago Pedraz, que igualmente ha tomado declaración en calidad de imputada a la hija de la empresaria, Leonor González, quien ha sostenido que no guarda vínculo alguno con la presunta trama de fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos.
Durante su comparecencia, Pano ha reiterado que trasladó 90.000 euros en dos entregas de 45.000 a la sede nacional del PSOE, precisando que el origen de esos fondos era Rivas, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos líderes del “caso hidrocarburos”.
De este modo, la versión de Pano choca con la ofrecida por Aldama, que un día antes sostuvo ante el juez que la empresaria no entregó esa suma en la sede socialista porque él se la hubiera proporcionado.
La investigada ha remarcado que llevó el dinero en bolsas hasta Ferraz y ha detallado que una parte del efectivo se la facilitó Aldama y la otra se la entregó una persona del entorno de Rivas, a quien ha señalado como responsable último de las sociedades implicadas y de marcar las directrices de las operaciones.
Koldo, en la reunión sobre Villafuel en Industria
Pano ha sido preguntada igualmente por el sobre de PDVSA que Aldama aseguró ante el juez haber recibido de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez. La empresaria ha manifestado que desconoce si en ese sobre había datos relativos a la financiación del PSOE, aunque ha explicado que Aldama le comentó que le habían hecho llegar documentación, sin aportarle más detalles, según las mismas fuentes.
Además, ha ratificado que en una reunión celebrada en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020, convocada para abordar la licencia de operador de hidrocarburos que Villafuel pretendía obtener, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.
El propio Díaz Bidart admitió el pasado mayo, cuando declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, que asistió a ese encuentro y que, aunque no recordaba con precisión quiénes acudieron, lo hizo a instancias de Koldo García, asesor en aquel momento de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Díaz Bidart relató que el exasesor estuvo presente solo al inicio de la cita para presentarle a los empresarios y que después abandonó la sala. Pano, en cambio, ha sostenido que Koldo permaneció durante toda la reunión y ha añadido que el entonces alto cargo de Industria pidió que el expediente para la licencia de Villafuel se remitiera a Koldo para que este se lo hiciera llegar posteriormente, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Semana intensa de declaraciones en la Audiencia Nacional
El juez Pedraz había programado para esta semana las comparecencias de Díaz Bidart —que finalmente no pudo acudir— y de Marc Pons, quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. También citó a Rivas, que se acogió a su derecho a no declarar, así como a Aldama, a Pano y a su hija. Además, estaban llamados Manuel García, director general de Política Energética y Minas; Manuel Salles, administrador de una mercantil, y Álvaro Gallego, que podría estar vinculado con retiradas en efectivo por importe de 108.500 euros.
En sus informes, la UCO ha señalado a Rivas y Aldama como supuestos dirigentes de la red, subrayando que ambos “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
El último documento remitido al juzgado por la Guardia Civil sostiene que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, sino también en los departamentos de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezados por Maroto y Ribera.
Según los investigadores, esa infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.