Paralización judicial: primera jornada de huelga tendrá repercusiones hasta 2025

El Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado que los daños provocados por el primer día de paro de jueces y fiscales son ya ‘daños incuestionables’, indicando que las ‘decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025’. Por esta razón, ha hecho un llamado a respetar los servicios mínimos y a reanudar el diálogo entre las asociaciones convocantes y el Gobierno para ‘poner fin al conflicto’.

Durante la primera de las tres jornadas de huelga programadas –1, 2 y 3 de julio– convocadas por varias asociaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y otras, la participación alcanzó un 75%, según han reportado los organizadores. ‘No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día pero los decanos me han ido trasmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande’, afirmó Salvador González, presidente de la Abogacía, en un comunicado.

González también destacó que ‘2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes’ y advirtió que ‘podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor’ a causa de esta huelga. A su vez, subrayó la importancia de que ‘las asociaciones de jueces y fiscales convocantes y el Gobierno reanuden el diálogo para poner fin al conflicto’, como ha informado la Abogacía.

Asimismo, González instó a que se tomen medidas para ‘minimizar los daños a la ciudadanía y a los profesionales de la abogacía’ y propuso que se informe con suficiente antelación sobre las vistas suspendidas y que las oficinas judiciales con el titular en huelga sigan tramitando asuntos.

Finalmente, el presidente de la Abogacía ha pedido que se busquen soluciones para los retrasos causados por la huelga, ‘reagendando los asuntos tan pronto como sea posible y estableciendo, por parte de las administraciones, planes de recuperación que permitan que la ciudadanía afectada pueda ver reparados cuanto antes los daños causados’. ‘No olvidemos que detrás de cada juicio suspendido, hay ciudadanos y profesionales de la abogacía que les acompañan que no han podido obtener hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución’, recalcó González.