La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera sostiene que “se limitó” a facilitar contactos al responsable del ente público que gestionaba el “encargo” del Ministerio de Transportes para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, y remarca que “no ha habido ningún borrado de información y/o datos” por su parte.
Con estas aclaraciones responde la exdirigente investigada al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mediante un escrito remitido al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press.
En ese informe, los investigadores aludían a la “intervención” de Pardo de Vera en la contratación de Soluciones de Gestión —la mercantil situada en el centro de la presunta trama— y apuntaban a que parte del contenido de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados “habría sido eliminado”.
De acuerdo con la UCO, la exresponsable de Adif mantuvo comunicaciones con Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, “con carácter previo a la adjudicación del contrato” por parte de Adif. Los agentes incorporan mensajes entre ambos que, a su juicio, permiten “inferir” que él participó en la elección de la empresa y que, “a través” de ella, la contratación se habría materializado en el organismo que presidía.
Frente a esa interpretación, Pardo de Vera subraya que los mensajes analizados por la UCO muestran que, “tras la encomienda efectuada a Adif para la adquisición de 5 millones de mascarillas”, desde Transportes se le trasladaron, “a través de Koldo García, los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado y del titular de Soluciones de Gestión, “empresa suministradora con la que el citado organismo había tramitado previamente otra compra de mascarillas”.
Defiende que esos números de contacto “dio traslado acto seguido a la persona designada por Adif para la tramitación de la correspondiente contratación”, lo que, según su versión, “explica” el contenido de los mensajes que Koldo le remitió el 26 de marzo de 2020, “remitiéndole los contactos” de Íñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión, y de Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado.
A su juicio, ello también justificaría que Koldo le indicara en uno de esos mensajes que “el Íñigo es el del contrato”, “en referencia al contrato de suministro de mascarillas ya adjudicado previamente a dicha empresa por parte de Puertos del Estado”.
En el escrito presentado al juzgado, su defensa recalca que “La actuación de Isabel Pardo de Vera se limitó, por tanto, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por Adif para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes. El contrato no estaba en ese momento adjudicado por Adif y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puertos del Estado”.
Defensa sobre los dispositivos y las supuestas eliminaciones
En otro bloque de alegaciones, Pardo de Vera rebate la tesis de la UCO de que, tras el análisis de los dispositivos intervenidos, “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”.
Explica que cuando cesó como presidenta de Adif, en julio de 2021, tuvo que devolver a la entidad tanto el teléfono móvil como el ordenador corporativos que tenía asignados, “si bien optó, por razones prácticas, por conservar el mismo número, pero sin realizar en ningún caso la portabilidad de datos, para la que no estaba autorizada”.
“Lo anterior quiere decir que, tras su cese, toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como presidenta (junio 2018-julio 2021) quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública”, detalla en el escrito.
La exresponsable ferroviaria afirma que esa circunstancia fue comunicada a los agentes durante el registro en el que se incautaron de sus dispositivos, por lo que considera que “no resulta, por tanto, ni admisible ni ajustado a la realidad la conjetura que le sirve a la UCO como punto de partida de su informe”.
Según expone, el hecho de que en el análisis de sus aparatos y, en particular, de su teléfono “no se hayan localizado determinadas comunicaciones, se explica sencillamente” porque “su móvil (incautado) no era el mismo que utilizaba en la época en que desempeñó el cargo de presidenta, y todas sus comunicaciones anteriores a julio de 2021, quedaron a disposición de Adif, sin que se efectuara ninguna portabilidad de las mismas”.
“No ha habido por tanto ningún borrado de información y/o datos por parte de nuestra patrocinada”, concluye su representación legal, que añade que, cuando en julio de 2021 fue nombrada secretaria de Estado de Transportes, se le asignó un nuevo dispositivo profesional que “fue oportunamente devuelto en el momento de su cese, en febrero de 2023”.