Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que incremente la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 euros a 300.000 euros. Esta medida busca abordar los perjuicios morales que sigue sufriendo debido al ‘relato político’ que no ha cesado, según afirma.
‘Los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros’, expone la acusación particular en un documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Desde la emisión de un comunicado de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en el que se detallaban correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba, no ha habido día sin que algún político o periodista haya calificado a González Amador como ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso’, liderados por el ministro de Justicia, según el recurso.
‘Lo anterior es la consecuencia directa de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz y de su voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional del fiscal general del Estado a costa de los derechos fundamentales y legales de Alberto González Amador’, alega el recurso presentado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado.
El abogado de González Amador enfatiza que no ha habido en la historia del sistema jurídico y constitucional español una infracción tan grave y significativa a los derechos fundamentales de un ciudadano, derivada del actuar del fiscal general. Por ello, reitera que la compensación por los daños morales continuos debe ser evaluada en no menos de 300.000 euros, solicitando así una modificación en la fianza previamente establecida.