El Parlamento Europeo ha otorgado su aprobación a un convenio que especifica cómo se debe aplicar el reglamento europeo de protección de datos (GDPR) en contextos de investigaciones transfronterizas. Este paso busca tanto acelerar los procedimientos como fortalecer la seguridad legal de los afectados.
La Comisión Europea propuso este ajuste legal con el fin de disminuir las discrepancias y fomentar el acuerdo entre las autoridades competentes desde las primeras fases del proceso. Aún falta la ratificación formal por parte del Consejo (gobiernos) para que lo pactado en junio por los negociadores de las instituciones se active, lo cual ocurriría 15 meses después de su anuncio en el Diario Oficial de la UE.
Este fortalecimiento del marco de protección de datos sincroniza los criterios para aceptar una queja transfronteriza y determina derechos uniformes para que tanto los denunciantes como los investigados tengan derecho a ser escuchados, además de simplificar la cooperación y la resolución de conflictos.
Con el fin de agilizar los procesos, se han definido plazos para asegurar que las quejas se manejen en un ‘plazo razonable’, requiriendo que la investigación concluya en un máximo de 15 meses desde que se designe la autoridad de supervisión principal. Este periodo puede extenderse hasta 12 meses adicionales si la ‘complejidad’ del caso lo requiere.
Se ha introducido también un procedimiento de cooperación simplificado para situaciones en las que no haya incertidumbres sobre el alcance de la investigación, las demás autoridades no presenten objeciones y la autoridad principal haya realizado investigaciones parecidas anteriormente. En estos escenarios, el plazo para las investigaciones es de 12 meses, con una posible extensión en los casos en que la legislación nacional demande procedimientos adicionales.
Además, la normativa incentiva a las autoridades nacionales a buscar un consenso desde el inicio del procedimiento y establece un método de resolución temprana para los casos en que una autoridad pueda demostrar que la infracción ha terminado y el denunciante no presente objeciones en un plazo de cuatro semanas.