Desde este martes, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, con la excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), iniciarán una huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– en protesta por las reformas propuestas por el Gobierno en relación al acceso a sus carreras y a la Fiscalía. Estas reformas son vistas por los convocantes como una amenaza a la independencia judicial y, por consiguiente, al Estado de Derecho. No obstante, Félix Bolaños, ministro del ramo, ha descartado retroceder en estas medidas que considera ‘imprescindibles’ para la modernización de la Justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) habían iniciado acciones previas como un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado sábado. El 17 de junio, estas cinco asociaciones declararon la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Gobierno retiraba las reformas. Sin embargo, en una reunión el 4 de junio con el secretario de Estado Manuel Olmedo, ya les habían comunicado que no se contemplaba tal posibilidad.
Bolaños reafirmó en una carta que las reformas son ‘imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI’ y para actualizar estructuras que no se han modificado significativamente desde la segunda mitad del siglo XX y, en algunos casos, desde el siglo XIX. ‘Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria’, les instó el ministro, invitándolas a ‘participar y colaborar en este proceso activamente’.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL ‘RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA’
Las asociaciones critican que las reformas podrían socavar la independencia judicial al introducir un ‘riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales’ y al ‘rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración’. También advierten que se pretende incrementar las competencias del fiscal general del Estado, quien seguirá siendo nombrado por el Gobierno ‘sin ningún tipo de filtro previo’ y ‘sin contrapesos’ adecuados.
Por su parte, Bolaños ha sostenido que los temores de las asociaciones son ‘infundados’ y ha recordado que ‘todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la Justicia, en la historia de la democracia –la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género del 2004–, fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias’, y que ‘hoy son grandes consensos’, afirmó en el Congreso de los Diputados.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
La huelga también ha generado controversia interna. JJpD y UPF no se sumaron a la convocatoria, mientras que el sector progresista del CGPJ, con la excepción del vocal Carlos Hugo Preciado, argumenta que ‘los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga’. Un Pleno extraordinario del CGPJ resolvió que el ejercicio del derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, ‘por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria’ ni establecer servicios mínimos. Sin embargo, el CGPJ no prevé imponer sanciones disciplinarias a los participantes en la huelga.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado que el Ministerio Público ‘carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos’. Además, recordó que ‘habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos’, mencionando los señalamientos previos a la convocatoria que el órgano judicial haya decidido mantener.
NO DESCARTAN MÁS MEDIDAS
Las asociaciones mantienen que ‘el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española’ y, como tal, ‘no cabe interpretación restrictiva’. Indican que ‘la ausencia de normativa específica de desarrollo’ no debería excluir a los togados. Además, advirtieron que ‘cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave’. Ante la falta de fijación oficial de servicios mínimos, el Comité de Huelga ha establecido los necesarios ‘para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía’. Las asociaciones también son conscientes de que ‘el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional’. Justicia ha solicitado al CGPJ que habilite un mecanismo para detraer el salario de las personas que no acudan a su puesto de trabajo durante la huelga, un procedimiento que ya se implementó en 2018. Tras estos tres días de paro, las asociaciones ‘llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación’, considerando el respaldo recibido y coordinando las decisiones sobre la continuidad o ampliación de las medidas y la mejor fecha para implementarlas. Cabe recordar que esta es la sexta huelga de togados, la primera fue en 2009.