QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Instrucción número 3 de Santander ha procedido a admitir a trámite la querella interpuesta por el Partido Animalista PACMA a principios de octubre contra María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, y Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, por las acciones de control de la población de lobos en la región.
Según un comunicado de PACMA, el tribunal ha decidido iniciar diligencias previas y ha citado para el 12 de noviembre a Susinos y Serdio como investigados, acusados por el partido de cometer presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.
Además, el auto judicial, que puede ser objeto de recurso de reforma o apelación, solicita al Gobierno de Cantabria que entregue el expediente administrativo completo referente a la resolución del 2 de abril de 2025 que estableció el límite de extracción de lobos, junto con un análisis de cada uno de los documentos técnicos incluidos en el expediente.
PACMA ha expresado su satisfacción por esta medida judicial, señalando que es la primera vez que se abren diligencias penales por la gestión de lobos en España, lo que implica que Susinos y Serdio serán “los primeros responsables políticos que deberán enfrentarse a responsabilidades penales” por la aprobación del cupo de caza del lobo ibérico por parte del gobierno regional.
El partido argumenta que esta acción judicial es un “avance sin precedentes” en la protección de esta especie, ya que previamente las decisiones judiciales se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo.
PACMA acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de lobos “a pesar de saber que su estado de conservación es desfavorable/inadecuado” según “informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea”, lo que podría hacer que cualquier autorización de caza o extracción sea ilegal.
El partido también denuncia la supuesta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar las batidas y critica la “gravedad” de que se estén denegando medidas cautelares basadas en informes desarrollados por la propia administración denunciada, “sin un control judicial adecuado sobre su legalidad o veracidad”, una práctica que, advierten, “consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja desprotegido al patrimonio natural y a las especies protegidas”.
Finalmente, PACMA espera que esta sentencia siente jurisprudencia para otras comunidades autónomas que han autorizado batidas “alegando motivos económicos y relacionados con la ganadería y la caza”.
