La actual responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y quien ocupó el cargo antes que ella, Paz Esteban, han defendido ante la justicia que los servicios secretos no llevaron a cabo ninguna actuación dirigida contra el letrado que asumió la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva en el juicio del 'procés', Andreu Van den Eynde, ni contra el exeurodiputado de ERC Jordi Solé, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Ambas han declarado este jueves ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona: Esteban en condición de investigada y Casteleiro como testigo. Cuando la jueza les ha planteado otras preguntas relacionadas con la supuesta investigación, tanto la directora como la exdirectora del CNI se han acogido a su deber de reserva, que impide a los miembros de los servicios de inteligencia revelar detalles sobre sus actividades.
No obstante, Esteban sí ha reconocido que conoce la existencia de una pericial que detecta rastros de Pegasus en el teléfono móvil de Van den Eynde, así como un informe de Amnistía Internacional en el que se hace constar que, tras una solicitud cursada mediante la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no disponen de dicho 'spyware', de acuerdo con las mismas fuentes jurídicas.
Otras fuentes consultadas puntualizan que ese conocimiento se debe a que ha tenido acceso al sumario de la causa, y no a su antigua responsabilidad al frente del CNI.
Injerencia en 2020
En relación con el abogado, la Audiencia de Barcelona denegó la práctica de una pericial de los Mossos d'Esquadra, por lo que no existe informe de este cuerpo policial. Sí consta, en cambio, un análisis de Citizen Lab que concluye que su teléfono fue atacado con Pegasus en 2020, en paralelo a una reunión por videoconferencia con otros abogados del 'procés'.
Tras las comparecencias de Casteleiro y Esteban, Irídia ha criticado que desde el CNI sigan sin ofrecer explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, escudándose, según la entidad, en un marco normativo restrictivo que, a su juicio, no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionales.
Reconoció investigación a ANC
Casteleiro, que asumió la dirección del CNI en 2022 en sustitución de Paz Esteban después de hacerse público el presunto espionaje a personas vinculadas al 'procés', admitió que los exdirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, fueron objeto de investigación por parte de los servicios de inteligencia entre 2019 y 2020 con autorización del Tribunal Supremo.
Así lo ratificó, en calidad de testigo, ante la jueza del Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona, que indaga el supuesto espionaje a Sànchez y Paluzie, así como a 3 exsecretarios nacionales de la organización: Sònia Urpí, Jordi Domingo y Arià Bayé.
Sin embargo, no precisó si los teléfonos móviles de los exlíderes de la ANC habían sido intervenidos antes de 2019, amparándose nuevamente en el derecho de reserva.
26 intrusiones
En noviembre de 2024, una pericial de los Mossos d'Esquadra confirmó el espionaje mediante el 'software' Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, a los teléfonos de Sànchez, Paluzie y Urpí entre 2015 y 2020.
En declaraciones a los medios, Sànchez afirmó haber sufrido un total de 26 ataques, según los análisis de Citizen Lab y de Amnistía Internacional, de los cuales el informe pericial de los Mossos d'Esquadra verificó 19 intrusiones entre septiembre de 2015 y julio de 2020, las últimas coincidiendo con un permiso penitenciario.
Paluzie fue objeto de 4 ataques, de acuerdo con la pericial de los Mossos que examinó dos de los teléfonos que utilizaba entonces, mientras que Sònia Urpí relató que, en su caso, se detectaron dos ataques en junio de 2020, coincidiendo con su elección como secretaria nacional de la ANC.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, continúa investigada por el presunto espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès; a Diana Riba y Josep Maria Jové, a Van den Eynde y a Solé, así como por una querella presentada por cinco personas afectadas, entre ellas el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala.